“Ricardo Anaya señaló falsamente que este grupo, encabezado por el Ingeniero José María Rioboo Martín, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue favorecido, sin licitación, al recibir contratos por más de 150 millones de pesos”, se lee en un comunicado.

En respuesta a los señalamientos del candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, durante el Tercer Debate Presidencial, sobre los contratos que Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, otorgó a Grupo Rioboó S.A. de C.V., la empresa envió un comunicado aclaratorio en el que indica que dichos señalamientos son falsos.
“Ricardo Anaya señaló falsamente que este grupo, encabezado por el Ingeniero José María Rioboo Martín, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue favorecido, sin licitación, al recibir contratos por más de 150 millones de pesos”, se lee en el comunicado.
En la aclaratoria se define en primer lugar las funciones de la empresa. Reiterando que no son contratistas y que jamás han construido nada físicamente. “Son firmas de diseño de ingeniería especializada o de gerenciamiento, coordinación o supervisión. En pocas palabras: no es constructora. Solamente entregamos estudios, planos, especificaciones bastante detalladas dado el tipo de proyecto”.
En el comunicado se detallan los proyectos desarrollados durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador como jefe capitalino y el tipo de contrato requerido: “El proyecto conocido coloquialmente como ‘segundos pisos’, se otorgó vía asignación directa por parte del gobierno; para los ‘segundos pisos’ subsecuentes (Viaducto Bicentenario en el Estado de México y las Autopistas Urbanas Norte y Sur), fuimos contratados directamente por las empresas privadas; el ‘Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México’”.
Añaden que han sido auditados por distintos organismos públicos y privados. Grupo Rioboó reitera la legalidad de sus proyectos.
“Se niega categóricamente haber recibido algún beneficio o trato preferencial, distinto a los otros participantes. Por lo anterior, podemos concluir que la asignación realizada por el entonces Gobierno del Distrito Federal fue legal”, especifican.


















