El Ayuntamiento de Agua Dulce apoya en la investigación por daño patrimonial generado en la administración de Daniel Martínez
Alfredo Santiago H.
Agua Dulce, Ver.
La semana pasada el ORFIS interpuso una serie de denuncias penales en contra de instituciones educativas de nivel medio superior, por presunto daño patrimonial, pero en lo que respecta a los Ayuntamientos varias investigaciones no han concluido, tal es el caso del municipio de Agua Dulce, donde no se han solventado observaciones por casi 7 millones de pesos.
La cuenta pública observada corresponde al último año de la administración de Daniel Martínez González, Alcalde quién fue señalado en ejercicios anteriores y que en las cuentas del 2015 y 2016 tuvo que reintegrar recursos, es decir, regresar el dinero.
En lo que respecta al ejercicio fiscal 2017 son aproximadamente diez obras las que han sido señaladas por el ORFIS, de las cuales la mayoría corresponden a ampliaciones de red eléctrica de media y baja tensión que hasta el momento siguen sin funcionar, pues nunca fueron entregadas legalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
LA INVESTIGACIÓN
Aunque anteriormente el ORFIS realizaba las investigaciones por su propia cuenta, ahora los Ayuntamientos mediante la Contraloría municipal, tienen la obligación de vigilar el estado de las obras, el uso correcto de los recursos y en caso de existir anomalías, denunciar e informar al órgano fiscalizador, a reserva de ser sancionados si no cumplen con dicha tarea.
Por esa razón, la actual administración municipal está desarrollando una investigación completa de las obras observadas a Daniel Martínez González y su equipo integrante de la Comisión de Hacienda, entre los que se encuentran el ex Contralor, Alfredo Villanueva; la ex tesorera, Maribel Lalo; y el ex Director de Obras Públicas, Agustín González Córdova.
La Contraloría municipal hasta el momento ha señalado que ninguna obra es funcional, por lo cual se están recabando las pruebas para demostrar que existe daño patrimonial, lo que tendría que derivar en la reintegración de los recursos o la denuncia penal en contra de los funcionarios del pasado gobierno.
