Los pagos revelan una red familiar que mantiene influencia política, vulnerando autonomía y controles institucionales.
En Tabasco, la rutina del poder rara vez deja huellas visibles. Pero esta vez dejó 66: cada una con fecha, sello y firma. Treinta y ocho recibos mensuales divididos en 66 quincenas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que muestran que Adán Payambé López Estrada, hijo del ex gobernador y hoy coordinador de los senadores de Morena, cobró mes tras mes dentro del Poder Judicial, mientras su padre gobernaba.
Los documentos no son opiniones: son pruebas de cómo la política doméstica puede infiltrarse en instituciones que, en teoría, deberían mantenerse al margen. La evidencia pone en evidencia un sistema que sirve al mismo círculo de poder familiar.
Lo que antes era rumor ahora se confirma con papeles oficiales. La estructura exhibe más que un empleo para un familiar: revela un esquema que consolidó la influencia del ex gobernador y aseguró el control político dentro del TSJ.
PRIEGO OROPEZA CÓMPLICE
Payambé fue dado de alta en febrero de 2021, bajo la administración del magistrado Enrique Priego Oropeza, aliado histórico de Adán Augusto. El contexto político mostraba un control absoluto del aparato estatal y un Congreso que facilitaría su salida a la Secretaría de Gobernación.
Entre 2021 y 2023, el hijo del ex gobernador cobró 838 mil pesos netos en el Poder Judicial, sin haber concluido la licenciatura y con una plaza diseñada a modo, operada bajo la conducción política que dejó su padre antes de irse.
El primer recibo documentado es de abril de 2021. La relación laboral se mantuvo continua hasta 2022, sin interrupciones ni observaciones.
DIVISIÓN SIMULADA
En agosto de 2021, Adán Augusto pidió licencia para asumir la Secretaría de Gobernación. Carlos Manuel Merino quedó como interino, pero el poder real y las lealtades administrativas permanecieron alineadas al ex gobernador, manteniendo control sobre el TSJ durante el interinato.
Los pagos a Payambé no fueron esporádicos ni menores: las quincenas constituyeron un patrón estable. En tres años, 838 mil pesos netos se transfirieron a un joven sin título profesional, mientras la autonomía judicial se mostraba solo de manera formal, sin control real.
RED FAMILIAR
Simultáneamente, Augusto Andrés López Estrada, segundo hijo del ex gobernador, cobraba en la Cámara de Diputados más de 800 mil pesos en 23 meses, también sin haber concluido la licenciatura.
Payambé también aparece en un contrato de asesorías en el Senado desde 2018 por 60 mil pesos. Desde 2022, figura como secretario auxiliar.
Los recibos que demuestran los cobros realizados en el Tribunal Superior a nombre de Adán Payambe.
Entró directo, sin examen de conocimiento
El caso Payambé expone una contradicción entre la ley y la práctica: aunque el Poder Judicial establece filtros, perfiles y verificaciones, estos no se aplicaron. El ingreso del hijo del gobernador pasó sin revisión, a pesar de la independencia institucional supuesta.
Si la profesionalización judicial es una prioridad nacional, el TSJ funcionó como refugio de confianza política. Nadie examinó la contratación, y la institución más delicada del estado operó según la conveniencia del círculo gobernante, ignorando normas, requisitos académicos y procedimientos internos.
SUBORDINACIÓN POLÍTICA
La operación cotidiana del poder explica la situación. No hubo corrupción sofisticada ni maniobras complejas: el Estado se ajusta a quienes pertenecen al círculo gobernante. La plaza, los pagos y la documentación reflejaron subordinación política más que irregularidades formales.
En un contexto donde la división de poderes es ritual, ningún funcionario frenó un nombramiento familiar. Incluso tras la salida del exgobernador al gabinete federal, los pagos continuaron, la plaza permaneció intacta, y ningún órgano interno cuestionó la legalidad de los registros.
La historia central es clara: el hijo de un gobernador cobró dentro del Poder Judicial mientras su padre controlaba el estado. La institución que debía ser autónoma demostró ser dócil, tolerando y normalizando esta relación sin intervención externa ni controles.
SIN TÍTULOS UNIVERSITARIOS
Los contratos nacionales, sueldos cruzados, ausencia de título universitario y opacidad interna son consecuencias del sistema. Los recibos, leídos en secuencia, muestran cómo el poder se heredó, se extendió y se incrustó en el Estado de Tabasco, consolidando la influencia familiar en instituciones públicas.
Sumadas quincena por quincena, las percepciones alcanzan aproximadamente 838 mil pesos netos. Esto confirma que no fue un apoyo temporal, sino un mecanismo institucional sostenido durante tres años. Los documentos, aunque formales, revelan todo lo que nadie quiso decir en voz alta.
Cuanto cobraron los López Estrada en ambas Cámaras
Mientras el Poder Judicial de Tabasco pagaba puntualmente a Adán Payambé López Estrada, otro hilo se movía en la capital: los contratos federales que él y su hermano, Augusto Andrés, obtuvieron en Senado y Cámara, aún sin concluir la licenciatura.
En diciembre de 2018, días después de que su padre asumiera como gobernador, Payambé firmó un contrato por honorarios en el Senado por 60 mil pesos brutos. El acuerdo, por tiempo indefinido, no especificaba entregables ni actividades concretas realizadas.
El hermano menor, Augusto Andrés López Estrada, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor del Grupo Parlamentario de Morena. Entre octubre de 2022 y mayo de 2024 acumuló 805 mil pesos brutos, con un sueldo promedio mensual de 35 mil pesos.
Para ese periodo, Augusto Andrés aún cursaba la licenciatura que concluiría hasta 2025. Su trayectoria profesional avanzaba más rápido que su expediente académico, mostrando una aceleración inusual en comparación con otros estudiantes y profesionales de su misma edad y preparación.
OPACIDAD EN CONTRATACIÓN
El patrón no es solo el monto: ambos hermanos cobraron simultáneamente en instituciones que deberían aplicar estrictos criterios de selección. La ausencia de concursos públicos y de evidencia documental sobre sus trabajos refleja la permeabilidad del Legislativo frente a intereses políticos.
Estos contratos forman parte de un ascenso acelerado, donde la principal credencial de los jóvenes era el apellido de un gobernador. La evidencia muestra que el poder paterno abrió puertas que la meritocracia no habría permitido.
