POR: LAZARO CRUZ GARCIA /60 MINUTOS MORELIA, MICHOACÁN.
Tras el trágico asesinato de dos profesoras en el estado de Michoacán, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla ha puesto sobre la mesa una iniciativa que ha encendido las alarmas de organismos de derechos humanos y juristas: la llamada “Ley Carlos Manzo”. La propuesta busca reformar el sistema de justicia penal para permitir castigos radicales, incluyendo la pena de muerte, incluso en casos donde los perpetradores sean adolescentes.
El origen de la indignación
La iniciativa surge como una respuesta directa a la violencia desbordada en la región. El caso que detonó la propuesta involucra a un menor de edad que arrebató la vida a dos docentes, un hecho que generó una ola de indignación social y un reclamo de justicia que muchos consideran “insuficiente” bajo las leyes actuales para menores.
“Buscamos que las sanciones sean ejemplares. Que los jóvenes lo piensen dos veces antes de cometer actos violentos”, sostuvo el legislador al defender la necesidad de endurecer el marco legal para crímenes de alto impacto.
Un choque con la Constitución
A pesar del respaldo popular que estas medidas suelen recibir en contextos de inseguridad, expertos advierten que la propuesta es constitucionalmente inviable. El Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe estrictamente la pena de muerte, y México es firmante de tratados internacionales (como el Pacto de San José) que impiden reinstaurarla una vez abolida.
Además, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que el fin último de la justicia para menores debe ser la socio-adaptación, priorizando medidas educativas sobre las punitivas.
Los puntos clave de la propuesta:
- Endurecimiento de penas: Aumentar sustancialmente los años de internamiento para adolescentes en delitos graves.
- Pena capital: Apertura del debate para aplicar la máxima sanción en casos de extrema crueldad.
- Enfoque preventivo por disuasión: La creencia de que el miedo al castigo reducirá el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales.
El debate social
Mientras sectores de la sociedad civil en Michoacán exigen que “la edad no sea un escudo para la impunidad”, especialistas en criminología señalan que estas medidas no atacan la raíz del problema: la falta de oportunidades, la desintegración social y el control territorial del crimen organizado.
La moneda está en el aire en el Congreso local, donde se espera una batalla legislativa entre la demanda de seguridad ciudadana y el respeto a los marcos jurídicos internacionales.
