Javier Pulido Biosca
Revista Raíces
Hace unos días tuvimos ocasión de observar la manera en que están saturadas de pacientes las farmacias que ofrecen servicios médicos a costo muy bajo. Es claro que la intención de este servicio es la de garantizar la venta de medicamentos.
Pero es claro también que si el sistema nacional de salud funcionara adecuadamente, estas farmacias se limitarían a vender medicamentos, ya que los servicios médicos serían proporcionados por las instituciones públicas creadas para este fin.
Se observan salas de espera llenas en las que dos, tres y hasta cuatro médicos atienden intensivamente a un promedio de seis pacientes por hora. Algunos tienen que esperar hasta por una hora para que les llegue el turno.
La atención es buena, la mayor parte de los médicos tienen amplia experiencia (¿cómo no la tendrían teniendo a tantos pacientes?) y las recetas cumplen con todos los requerimientos de la normatividad vigente, sobre todo en el caso de los antibióticos.
¿Por qué los pacientes llegan ahí?
La mayor parte de los pacientes pertenece a estas clases medias tan lastimadas por las “reformas que el país necesita”. No acceden a las instituciones oficiales, ya sea porque aun cuando laboran en entidades formalmente establecidas como empresas, la contratación que tienen es informal. Este es el caso de casi el 60% de los trabajadores, según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Y tampoco acceden a la medicina privada tradicional cuyos costos están por arriba de lo que puede pagar una persona cuyo ingreso está por debajo de los 6 mil pesos mensuales, que es la banda salarial promedio en el estado de Veracruz según el mismo INEGI arriba citado.
Es claro que no resulta lo mismo pagar 35 pesos por consulta, más un paquete de medicinas de patente público cuyos precios rara vez exceden los 500 pesos, que cubrir una consulta cuyo costo va de 500 a 800 pesos más un paquete de medicamentos de última generación cuyos precios llegan a varios miles de pesos al mes.
Si el sistema nacional de salud cumpliera con las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, estos servicios médicos dados por farmacias verían dramáticamente reducidas sus ventas.
¿Y los médicos?
Los facultativos de la medicina también se ven afectados por este incumplimiento del sistema de salud. Al salir de la facultad buscan empleo en la medicina pública, cuyas plazas están cerradas porque, a pesar de que la población está en crecimiento, la política institucional es la de reducir la contratación, disminuir la adquisición de medicamentos, en particular los de última generación, que son los más costosos, y anular muchas plazas en clínicas, hospitales y dispensarios.
Por otro lado, montar un consultorio particular significa, además de gastos, tener un prestigio en el medio, cosa que el recién egresado apenas va a formar. Instalar un consultorio resulta casi un imposible para los facultativos hoy en día.
En consecuencia la opción que les resta es la de incorporarse a la plantilla de alguna de las diversas farmacias y cobrar 35 pesos por consulta, lo que representa en el mejor de los casos un promedio de 900 pesos diarios, sin formalidad laboral alguna, sin antigüedad, derecho a la vivienda, derecho a la salud ni acceso a los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Así, con este simple ejemplo, vemos la manera en que los únicos beneficiados del mal sistema de salud que padece México son los fabricantes de medicamentos y las cadenas de farmacias, porque ni los pacientes ni los médicos ven futuro en las condiciones actuales.
