Por Norma Trujillo Báez
Las comunidades indígenas de La Huasteca veracruzana enfrentan un doble problema: por un lado, en algunos lugares de las tierras que poseen desde tiempos ancestrales se ubican yacimientos de gas y petróleo que las trasnacionales desean explotar con la técnica de fracking y por otra parte, autoridades federales, estatales y municipales condicionan los programas de “combate a la pobreza” a que disuelvan sus ejidos, afirmó Ranulfo Hernández, integrante del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata (Fdomez).
El gobierno federal como lo hizo en otros lugares, denunció, juega a mantener latentes los problemas, tal es el caso de la Procuraduría Agraria, que ha fomentado esto diciendo que no se cumplen todos los documentos y pasa el tiempo y en el cambio de funcionarios “se traspapelan”, y otra vez se tienen que empezar los trámites, como nos ha sucedido en las comunidades Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, Carlos Montemayor y Cruztitlán en el municipio de Benito Juárez, otro pueblo que pertenece a Chicontepec que es Ayoco, por mencionar algunos.
El activista señaló que otro caso es la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el conflicto de Amatepec, municipio de Ilamatlán, comunidad de 44 campesinos que poseen un predio que no supera las 40 hectáreas, desde hace más de 30 años el cacique Reyes Olivares presiona mediante el Ministerio Público (MP) de Huayacocotla, con intentos de desalojo, como ese hay otros en el municipio de Benito Juárez, en donde mantener el conflicto es una política de castigo por el hecho de no ser alineados al gobierno.
Por otra parte, Márquez dijo que no hay respuesta por parte del ayuntamiento a las peticiones de apoyo a estas comunidades, se utiliza desde parte del programa del programa Prospera y Procampo, que bajo la condicionante de que, “si se oponen a los proyectos para sacar el gas o el petróleo, entonces el gobierno se les va a quitar el programa porque de ahí se obtienen los recursos, pero nuestros pueblos están organizados y politizados y como Fdomez, somos una fuerza para resistir todo el aparato policiaco y militar que avasallan a comunidades no organizadas”.
En éstas, añadió, van entrando de manera silenciosa y con engaños, inclusive algunas empresas les llegan con, “algún programita de hacer de su baño ecológico inclusive mejorar su carretera o alguna calle pero más bien es para la propia entrada de la maquinaria y de los grandes camiones que están entrando a extraer el petróleo.”
Por eso, buscan destruir la organización, el ejido, entregándole a cada quien su parcela para que empresas compren media hectárea que pagan en metros y ocupan esas tierras mientras el tiempo que duren para sacar el mineral y como ellos tienen sus documentos, de esa manera el comisariado ejidal ya no tiene poder para decir que no pueden entrar o vender, y a la gente le llegan al precio aunque malbaratado su tierra.
