Agencias.
Al leerle los medios de prueba en su cuarta audiencia en los tribunales de Guatemala para la acreditación de su detención para el trámite de extradición a México, José Antonio Galdámez, Fiscal de Asuntos Internacionales de dicho país, destacó que entre los puntos leídos está una entrevista judicial y escrita hecha por la Procuraduría General de República (PGR) a Arturo Bermúdez Zurita, del 13 de diciembre de 2016, que implica directamente a el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
En dicha entrevista, Bermúdez Zurita confesó; sobre ilícitos ordenados por Javier Duarte de Ochoa cuando fue subsecretario y secretario de Seguridad Publica de Veracruz, en los periodos del 1 de diciembre de 2010 al 4 de agosto de 2016. Dicha información consta en los folios 463-468 integrados en la denuncia de la PGR.
Los medios de prueba 5, 6, 7 y 8 contra Javier Duarte que aportó la PGR constan de varias entrevistas de audio y escritas a Alfonso Ortega, José Juan Cisneiros y Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, donde señalan directamente al ex gobernador veracruzano y a su esposa Karime Macias Tubilla en el desvío de recursos públicos para beneficio propio.
Según lo leído por José Antonio Galdámez, fiscal de asuntos internacionales de Guatemala, la PGR presentó como medio de prueba una entrevista a Alfonso Ortega del 12 de octubre de 2016, donde aporta información sobre uso de recursos estatales para fines privados como desvió, ocultamiento de fondos y sobre la utilización indebida de recursos federales y estatales por instrucciones de Duarte.
El abogado de Javier Duarte ante estas acusaciones solo atajó a decir que ninguno de los que lo acusan tiene relación directa con el ex gobernador, aunque Arturo Bermúdez fue su secretario de Seguridad Pública e incluso el mismo Duarte lo llamaba y presumía que era su gran amigo.
Duarte acepta ser extraditado a México y se dice inocente
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó este martes en Guatemala ser extraditado a México para enfrentar los delitos federales que le imputan –operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada-, por lo que en unos días sería enviado de vuelta al país y entregado a las autoridades mexicanas.
“He decidido allanarme… con relación a los delitos federales que me imputan, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”, dijo Duarte ante las autoridades judiciales guatemaltecas, que iniciaron los trámites para concretar la extradición.
El exgobernador de Veracruz subrayó que ninguno de los documentos de prueba aportados en su contra tiene su nombre o de alguno de sus familiares.
Guatemala.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa acepta allanarse a la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México para ser puesto a disposición de los tribunales mexicanos y enfrentar las acusaciones de peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de recursos de origen ilícito.
La decisión, dijo, la tomó al considerarse inocente de los delitos federales que se le imputan.
Hoy compareció ante el Fiscal de Asuntos Internacionales de Guatemala, donde se le dio lectura general a las acusaciones y 17 documentos de prueba con el que se argumentan las transacciones ilícitas de compra y venta de inmuebles a través de una red de complicidades que se le imputa al exgobernador.
Carlos Velásquez, el abogado de defensa dijo que son puramente documentos aportados.
Por su parte, el exfuncionario mexicano dijo que en ninguna de las pruebas aportadas aparecen sus nombres y de ninguno de los familiares.
Subrayó que las pruebas están viciadas de origen pues no es ejidatario, no lo es ni piensa ser ejidatario como lo aclara la solicitud de extradición y presenta como prueba la misma solicitud de extradición.
Se supo que el acusado estuvo concentrado en el análisis de su expediente y su decisión sería muy personal sobre su extradición, según advirtió su abogado Carlos Velásquez previo a la comparecencia.
Explicó que su estrategia de defensa lleva dos vías, la jurídica y la política, pues el caso tiene un trasfondo político, según declaró en entrevistas previas.
Antes de la comparecencia, Velásquez reiteró una denuncia que reafirmó la semana pasada acerca de que Duarte se considera un perseguido político y de que las acusaciones federales en su contra tienen una connotación política.
Recalcó:
“Como su abogado, no defiendo si (Duarte) es culpable o no por los cargos que se le atribuyen en la justicia federal mexicana. Lo que defiendo es que se cumpla el debido proceso de la extradición. Y si esto es una persecución política, y creemos que sí lo es, entonces la extradición no opera”, según el Tratado de Extradición entre México y Guatemala.
El pasado 27 de junio, durante su segunda audiencia en territorio guatemalteco, Duarte aceptó la extradición a México, en ese caso por los delitos que le imputa el gobierno de Veracruz.
El Tribunal de Guatemala, tras la decisión de Duarte de allanarse este martes, ordenó la “entrega inmediata del acusado” a México.
El pasado 28 de junio, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, explicó que si Duarte decidía allanarse por el caso de delitos federales, la extradición podría concretarse hasta en un plazo de una semana, para que enfrente a la justicia mexicana.
Durante la tercera audiencia de Duarte en Guatemala, César Adán García, magistrado presidente del Tribunal Quinto Penal, enlistó 19 pruebas con las que las autoridades federales mexicanas acusan a Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y con las que pidieron su extradición.
Entre ellas, están los testimonios de presuntos cómplices de Duarte: Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad de Veracruz.
También son referidos contratos de compra-venta para diversas propiedades, y escrituras públicas, en puntos como Veracruz; Valle de Bravo, en el Estado de México, Ixtapa Zihuatanejo y Campeche. En el caso de esta última entidad, se menciona la compra de 21 parcelas en el ejido de Lerma.
“No fui ejidatario, no soy ejidatario, ni pienso ser ejidatario”, mencionó Duarte en su oportunidad.
El abogado de Duarte en Guatemala, Carlos Velázquez, dijo que en ningún caso, por lo mencionado en las acusaciones federales, se ha logrado probar que Duarte encabeza una red criminal.
En un comunicado, firmado por el bufete de abogados Velásquez & Asociados, la defensa del exgobernador de Veracruz insistió en que los cargos federales que le imputan “no resisten” un análisis jurídico serio.
“No se acredita -ni acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial. Mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada, requisito sine qua non del delito ilegalmente atribuido al ex Gobernador Duarte de Ochoa”, indicaron.
“La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene el menor sustento jurídico, de hecho, está planteada como si fuera un peculado… llama poderosamente la atención el hecho de que la fecha en la que se dice salieron recursos del Gobierno de Veracruz para supuestamente financiar la compra de terrenos ejidales es posterior de aquella en que se compraron supuestamente los mismos”, agregaron.
