CDMX.
En la época de los 90, el general Ricardo Martínez Perea fue pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, llegó a tener un récord de 80 toneladas de mariguana decomisadas, varios kilos de cocaína, armas, vehículos, joyas y dinero, para él todo era felicidad.
En el año 2000, con el arribo de Vicente Fox Quezada a la Presidencia, todo cambio. Lo detuvieron acusado de brindar protección al Cártel del Golfo. Una carta anónima fue suficiente para que la justicia militar intimidara a su familia y compañeros.
Un Consejo de Guerra lo condenó a 15 años de prisión, lo despojó de su grado y le retiraron sus beneficios como militar.
Quien fuera un general ejemplar, hoy trabaja de obrero en una empresa de seguridad privada donde gana mil 700 pesos semanales y el estigma de haber sido acusado de un delito que asegura no cometió.
En entrevista con El Sol de México, el general Perea explica la pesadilla que inició con una carta anónima que lo imputa de brindar protección al narcotráfico. “Me condenaron a 15 años de prisión, pagué mi culpa por delitos contra la salud en la modalidad de fomentar el tráfico de droga”.
De nada sirvieron las 29 felicitaciones de secretarios de Estado y comandantes de zona por su trabajo. “Cuando entró Vicente Fox y Clemente Vega García a la Sedena se les fugó Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, y Estados Unidos amenazaba con negarles la certificación por la lucha contra las drogas. Tenían que hacer algo y el chivo expiatorio fui yo”, cuenta.
“En 2001 estaba en el 21 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando me detuvieron, el Presidente vio que se le caía la certificación de las drogas, y junto con el general Rafael Macedo de la Concha, quien luego sería designado Procurador General de la República, idearon como hacerle para que Estados Unidos nos certificara”.
En su relato, el general recuerda que, en una cumbre en Colombia, el presidente Fox anunció su detención junto a la del capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Javier Antonio Quevedo.
“Los detuvimos por colaborar con el narcotráfico, serán procesados y sentenciados a 15 años de prisión, y así fue”.
Fue informado que el anónimo lo relacionaba con Gilberto García Mena, El June, lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo.
En el proceso judicial, detalla en entrevista, pidió un careo con El June, ya detenido, pero la Sedena le dijo que no había “seguridad” para la entrevista, por lo que nunca conoció a quien lo imputó.
Con el cargo de delito contra la salud, el general Martínez enfrentó un Consejo de Guerra, “donde la justicia militar intimidó a mi familia, mis argumentos no fueron válidos y me condenaron”.
El militar fue despojado de su grado, su pensión, el uso de uniforme, atención médica y sus beneficios, pese a que ya había cotizado más de 30 años en el Ejército.
Mientras que El June salía libre por falta de pruebas, el general Martínez anduvo de prisión en prisión. “Estuve en la Palma en el Estado de México, en Nayarit, en el centro de rehabilitación psicológica de Morelos y finalmente en Islas Marías”.
Comenta que, en esta última prisión, convivió con presos que él mismo detuvo, y con quienes tuvo que lidiar y a veces pactar para conservar la vida. En abril de 2016 salió libre al igual que el capitán Maya y el teniente Quevedo.
“Cuando llego a mi casa me doy cuenta de la pobreza en la que está mi familia, tenía una casa grande y ni para pagar la luz me alcanzaba por lo que tuve que buscar trabajo”.
Con el estigma de los antecedentes penales, recuerda que laboró en una fábrica donde le pagaban mil pesos semanales, “no me alcanzaba, me fui a Monclova y ahí me pagaban dos 500 cada semana”.
El poco salario que percibía se iba en pagar el abogado que contrató para que la Sedena reconociera su inocencia, le regresara su grado y beneficios.
“Solicité tres veces un reconocimiento de inocencia, primero me dijeron que no había una causa firme, y luego por falta de testigos, porque yo pedía que comparecieran el expresidente Vicente Fox, el exprocurador Rafael Macedo de la Concha y el exsecretario de la Defensa, Clemente Vega, pero la justicia militar me negó ese beneficio”.
Su compañero, el capitán Maya logró, mediante un amparo, que la Sedena reconocerá sus años de antigüedad y pagará sus sueldos caídos. A 20 años de su detención y cinco de haber salido de prisión, el general Martínez Perea vive en San Luis Potosí, donde trabaja como guardia de seguridad privada con un sueldo de mil 700 pesos semanales, a la espera de poder recuperar sus derechos.
Recientemente envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo su intervención, petición que hasta el momento no ha tenido respuesta.
