Ciudad de México
Héctor Fernández Pedroza*
Los riesgos de que la mayor fuerza partidista en ambas cámaras del Poder Legislativo Federal y el gobierno federal se dejaran arrastrar por el enfado y la ira ante la noticia en noviembre pasado del ocultamiento del INE de los resultados de una encuesta sobre una eventual reforma electoral, parece que se han cumplido con la aprobación de una reforma electoral precipitada que deja fuera los cambios apremiantes que requiere la institución encargada de las elecciones nacionales, además de servir para reforzar la estrategia orquestada desde las mismas oficinas del INE y del grupo político al que pertenece el consejero presidente para frenar cualquier intento de introducir modificaciones al marco electoral al llamar ahora –sin éxito- a la ciudadanía a organizarse y a luchar “por la democracia”. La alineación acrítica de la mayoría de los medios de comunicación con la postura “el INE no se toca” -continuación afinada de la campaña de que los derechos laborales de la burocracia electoral son intocables- es la mejor muestra de la desviación en los objetivos por los cuales fue creado hace más de 32 años el IFE hoy INE. Por lo que es indispensable, ante el impasse, por salud de las instituciones y la moral pública volver a enfocarse en los puntos medulares sobre el asunto.
PRIMERA PARTE…
[…] todo el mérito de su arte consiste en emplear un ampuloso y pedante galimatías, una mendaz verborrea que solo da palabras en vez de razones, y promesas en lugar de resultados. Moliere
Se puede imaginar el impacto que tendría para el futbol mexicano que un árbitro asistiera a la concentración de pretemporada de uno de los principales equipos de futbol ¿cómo reaccionaría otro equipo cuando ese mismo árbitro fuera designado silbante en su partido contra aquel rival?, ¿que el mismo árbitro se dirigiese a los dueños de los equipos de futbol pidiéndoles que no introdujeran mejoras en el torneo, pues la prueba de que las cosas funcionan bien es la afición?, o ¿que el mismo arbitro solicitara la opinión de la FIFA sobre la decisión de los presidentes de los clubes mexicanos de reducir el número de equipos?; siguiendo con la misma dinámica pero en otro terreno, ¿es posible imaginar al titular de la Junta de Gobierno del INEGI negarse a implementar el Censo General de Población decenal como lo ordena la Constitución y en su lugar realizar un muestreo, con el argumento de que no se cuenta con los recursos suficientes?, ¿puede imaginarse a la gobernadora o gobernador del Banco de México exhortando a la compra de dólares frente a la política de la SHCP por fortalecer el peso mexicano mediante la cancelación anticipada del pago de una parte de la deuda externa para rebajar su servicio?
Si no fuera suficiente, ¿es posible suponer que una trabajadora doméstica, a quien se le ha entregado la cantidad suficiente para hacer la compra de toda la despensa del mes, al término de este no adquiera todos los bienes presupuestados, y el dinero sobrante lo ingrese a su cuenta bancaria argumentando que son “ahorros” resultado de su eficiencia?
Estas hipotéticas y sediciosas suposiciones –imposibles de imaginar en un país medianamente democrático- se vienen repitiendo en los últimos tiempos, en especial en la materia electoral, en la figura del consejero presidente del Consejo General INE: asiste sin ningún reparo a enclaves partidistas del PAN y el PRD, desde 2019 se ha opuesto sistemáticamente a cualquier intento por disminuir el costo de las administraciones electorales federales y estatales, utilizando para ello la expresión inglesa “If it ain’t broken, don’t fix it,” (si funciona no lo arregles). En un hecho por demás inédito, a propuesta de dicho consejero, el Consejo General violó la Constitución al suspender los preparativos para la Revocación de Mandato, decisión a la que tuvieron que recular luego de que la SCJN y el TEPJF les ordenara continuar con el mismo; pese a todo ello, se incumplió con la legislación electoral al instalar solo una tercera parte de las casillas para recibir la opinión de los ciudadanos, ante el recorte al presupuesto de la institución. Al igual que por entonces se hizo –llamar a la población a organizarse y a estar atentos ante la “embestida” contra el INE- en noviembre y diciembre pasado el consejero presidente ha pedido a la sociedad mexicana “defender” al INE ante la voluntad del legislador federal de reducir significativamente sus costos de operación (que en su versión original pretendía eliminar la duplicidad de funciones entre la institución electoral federal y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). A su vez, el consejero presidente –más no el Consejo General- ha solicitado a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, su opinión sobre la supuesta reforma que pretende impulsar el gobierno federal, al que se le suma, eventos internacionales (pagados con dinero público) y viajes por tal asunto. El mismo consejero, se negó en 2020 a compartir la base de datos del Registro Federal de Electores con el RENAPO –como lo ordena el régimen transitorio de la reforma de la Ley General de Población de 1992- alegando que dicho precepto ya no es vigente.
Por último, en las últimas décadas, el IFE-INE viene solicitando recurrentemente un presupuesto público que no ejerce en su totalidad, y en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación, lo desvía bajo la figura jurídica de fideicomisos para crear fondos que le permiten solventar las excelentes condiciones de jubilación y retiro del personal de la estructura permanente; maniobra que justifica, considerándola un ejercicio de ahorro.
Todas estas acciones han venido acompañadas de la contratación selectiva de publicidad en los medios de comunicación, como táctica para ganar adeptos entre los comunicadores y portales de noticias.
Lo más patético del caso, es que nadie alce la voz para cuestionar si es legalmente correcto dichas actuaciones de la autoridad electoral federal, con independencia de si es moral y ético que desde una institución se incite a oponerse a los poderes originarios del Estado como lo son el Poder Legislativo Federal y el Presidente de la República. Pues a diferencia de ambos poderes cuya legitimidad proviene de la voluntad ciudadana, los organismos públicos autónomos no representan a nadie, sus principales autoridades son nombrados –más no elegidos- por alguna de las dos cámaras depositarias de la soberanía popular para funciones estrictamente administrativas en las materias monetaria, protección de los derechos humanos, electoral, transparencia, acceso a la información, etc.; en consecuencia, es una aberración jurídica insinuar que los órganos autónomos sirvan de contrapeso a los poderes políticos, menos aún que pueden rivalizar vis a vis en las arenas de debate, solo correspondiéndoles a posteriori recurrir a la vía judicial, a los tribunales, cuando consideren que sus competencias han sido vulneradas, acaso se les puede pedir su opinión sobre la normatividad que los regula, pero nunca tomar la iniciativa adelantándose a otras instituciones, asumiendo un rol que ni la Constitución ni la ley les ha otorgado.
A diferencia del ciudadano de a pie, los funcionarios –como lo son cada uno de los consejeros generales del INE, incluyendo el que preside sus trabajos, el consejero presidente- no tienen libertad de elección, no pueden alegar libertad de pensamiento en su conducción, porque precisamente sus actuaciones se derivan y restringen a un mandato que se encuentra en la legislación, donde no se tienen otra opción más que cumplir y hacer cumplir la ley (acatando cada uno de los preceptos y ordenar a sus subordinados seguir su ejemplo, respectivamente). Si uno de sus consejeros generales, el secretario ejecutivo, o cualquier otro funcionario con rango de director, no está de acuerdo con la legislación que es de su competencia, solo le queda hacerse a un lado, renunciar, pero jamás dictar medidas contraviniendo la legalidad, pues eso implica en los hechos un llamado a subvertir el orden legal, lo cual además de ser un delito, tiene el agravante de ser promovido desde la autoridad.
La autonomía de INE, como de los demás organismos públicos que gozan de esa distinción, consiste simple y llanamente que han dejado de formar parte del gobierno, que su creación deriva de la Constitución y la ley en la materia producidos por la soberanía parlamentaria (Congreso de la Unión) en representación de la nación mexicana y manteniendo esta la atribución, en todo momento, de reformarlos y reestructurarlos en su totalidad, ya sea a través de una reforma constitucional y/o legal. Al Poder Ejecutivo Federal le corresponde de igual manera –por haber sido elegido por voto universal como jefe de Estado- participar con iniciativas legislativas en todos los temas de la vida nacional.
Por ello, es necesario una vez por todas atajar los disparates que hemos venido escuchando desde la década de los años noventa –periodo en que aparecieron los primeros organismos autónomos- de que estos son el cuarto o quinto poder, de que no pertenecen al Estado, y últimamente, de que su autonomía impide reducirles el presupuesto (que ellos mismos proponen, pero con el dinero de todos los mexicanos) y de que son los únicos que pueden darse su marco legal.
Precisamente, otro de los arreglos a los que se llegó con la creación de los organismos públicos autónomos, es que su principal instancia en la toma de decisiones fuera colectiva (colegiada) para evitar la discrecionalidad y el protagonismo de una sola persona, sustrayendo del entorno político a la actividad administrativa que les ha sido encomendada. En ese sentido, tratándose de la materia electoral, es incorrecto hablar del Presidente del INE, o del “titular del órgano electoral” como recientemente se ha autodenominado el consejero presidente. El problema, es que, en este tema, no solo se tratan de declaraciones vagas, sino que las conductas y decisiones que hemos descrito por parte de este funcionario –más allá si se tenía competencia o no- debieron haberse tomado en el seno del Consejo General, lo cual no ocurrió; contrariamente a ello, el principal órgano colegiado de dirección del INE ha mantenido un silencio inexplicable e inaceptable, adquiriendo las connotaciones de complicidad, saliendo únicamente sus integrantes –en forma de conferencia de prensa en el mes de diciembre pasado- a defender las estructuras administrativas electorales.
En 2015 en un largo artículo “INE: la relojería suiza se descompone” (aún en línea), advertimos de la deriva del INE con la llegada un año antes al Consejo General de personas en su mayoría vinculadas a la burocracia, principalmente de exfuncionarios, es decir, de aquellos con atribuciones de autoridad, siendo el fracaso definitivo de una de las promesas del IFE (ahora INE) como órgano constitucional autónomo, léase la ciudadanización de los tres niveles de dirección (Consejo General, 32 Consejos Locales y 300 Consejos Distritales) en donde estarían conformados por especialistas en el tema al menos en el primer nivel, el cual se encargaría a su vez, de que en el segundo nivel se conformaran por ciudadanos ajenos a los partidos políticos y al gobierno-burocracia, y esto se replicara en el tercer nivel.
En el mismo ensayo describimos con amplitud que el consenso alcanzado entre el PRI-gobierno y las fuerzas políticas de oposición en 1990, fue la ciudadanización de los consejos electorales federales en sus tres niveles, como piedra de toque para reconfigurar todo el sistema electoral federal pues ahí se toman las decisiones que impactan en la etapa previa de cada elección, durante la campaña electoral y en la etapa de resultados; siendo un contrapeso a las presiones de las fuerza partidistas, como un dique a los excesos y corrupción dentro de la burocracia. Las otras dos promesas –incumplidas hasta el día de hoy- es que junto a la ciudadanización, viniera la especialización electoral de los integrantes de los Consejos Electorales; la última, un servicio profesional de carrera dentro de la institución.
Además, alertamos del peligro que significaba la llegada a la presidencia del Consejo General (2014) de una persona sin el perfil adecuado, de un político, de un activista maquillado como académico, no teniendo una sola obra propia, acaso artículos generales sobre política en coautoría.
Más de siete años después, no solo se ha confirmado el penoso diagnóstico, sino que se ha agudizado. El dantesco protagonismo del consejero presidente, que ha sido secundado en todo momento por otro visible consejero (Murayama), cuya camaradería data desde que ambos fueron asesores del consejero presidente José Woldenberg, este último, fundador de la asociación civil con fines políticos (Instituto de Estudios de la Transición Democrática), grupo de presión al que pertenecen los dos actuales consejeros, plataforma que sirvió para cabildear en su favor entre las fuerzas partidistas para que fueran designados como consejeros generales en 2014, en cuyo botín se encontraba la presidencia del máximo órgano; sin descontar que ha sido la misma asociación –que recibe financiamiento público- la que ha estado detrás de los desplegados de escritores y activistas que pueden opinar de todo, pero que desconocen de la función electoral, huelga mencionar quién fue el orador de la marcha “el INE no se toca”. Lorenzo Córdova Vianello, no solo será recordado por ser el consejero con mayor duración en el cargo (12 años), nueve de los cuales como consejero presidente (sin sumar su etapa como asesor), sino también por provocar una situación de rispidez institucional inédita en nuestro país, de una institución administrativa contra los órganos políticos del Estado.
No se trata solo de un pintoresco consejero presidente saliente, con expresiones tales como el definirse “liberal socialista”, citar recurrentemente a Eduardo Galeano, afirmar que “la Cámara de Diputados me sacó de mi cubículo”, de que todas las fuerzas políticas “me pidieron” ser consejero presidente, calificar al anterior presidente de la mesa directiva de la misma cámara como “polémico personaje”, al definirse a sí mismo como “constitucionalista” a pesar de que no contar con dicha especialidad en posgrado (es politólogo por una universidad italiana) entre tantas sandeces. Pues como hemos descrito, sus actuaciones han escalado a tal grado que pudieron desembocar en una crisis constitucional y de gobernabilidad con pronóstico reservado.
Es tal su defensa del ente electoral, que repite sin cesar que “el INE es muy celoso de su autonomía”, que es “el patrimonio de todos los mexicanos”, “tú INE”, reconociendo con orgullo que es la tercera vez que ocupa un cargo en la institución electoral federal (dos como consejero y una como asesor), calificando como “relojería suiza” a la burocracia electoral de estructura de las oficinas centrales, de los 32 Juntas locales y las 300 oficinas distritales en que se ha dividido el país, oponiéndose enfáticamente a afectar los derechos laborales de dicho personal ante cualquier recorte al presupuesto y ante cualquier reforma desde el Congreso de la Unión; personal electoral permanente que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), únicamente representa el 10% del total de personal laboral en cada elección federal, en otras palabras, el 90% de las personas que sacan adelante cada elección federal (supervisores, instructores, asistentes, proyectistas, actuarios, etc.), son contratadas eventualmente.
Cuestión aparte son los miles de ciudadanos y ciudadanos que aceptan fungir de forma altruista como funcionarios de casilla en la jornada electoral (6 de cada 7 convocados a través de un primer proceso de insaculación, declinan realizar la función), pues se oculta que los agraciados a desempeñar esa labor, les implica disponibilidad en el domingo de la jornada electoral que va desde la cita a las 7:30 horas y concluye –si bien les va- pasadas las 22 horas. Son estos, junto con el personal eventual, los que materialmente hacen posible la elección democrática de los representantes populares.
Contrariamente, la burocracia permanente (10%) goza de todo tipo de privilegios, con un tabulador de sueldos que es lo doble a lo que perciben los mismos cargos en las dependencias federales, además con bonos anuales (un mes de sueldo) por productividad, dos meses de sueldo por bono en cada año electoral, seguro médico por gastos mayores, gastos para comidas, para gasolina, automóviles utilitarios, etc. Todo esto trabajando seis meses, sin ninguna actividad dos años y medio, con el agravante de que nunca dejan de cobrar. Un supuesto servicio civil de carrera, en que abundan directores con carrera trunca, ingenieros como directores jurídicos, normalistas como directores de capacitación, etc. El personal de oficinas centrales ingresa con total opacidad, en puestos de directores generales hasta jefaturas de departamento, prestándose a todo tipo de suspicacias en su designación. Es esta casta de empleados públicos, la que se lleva los aplausos cada elección y utiliza el trabajo de miles de trabajadores eventuales y de miles de ciudadanos anónimos recibiendo los votos, para servirse con la cuchara grande a la hora de auto asignarse sus sueldos, salarios y cualquier otro tipo de retribución monetaria o en especie. Reiteramos, en 2015, enumeramos todas las ineptitudes e incumplimientos constitucionales y legales en que ha incurrido la autoridad electoral federal.
No se requiere abundar en las insultantes remuneraciones de los consejeros electorales, las de sus asesores (ganando más que el Presidente del país), del secretario ejecutivo, de sus gastos de gabinete, etc.
Los acontecimientos de los últimas meses, el delito cometido por el consejero presidente y el secretario ejecutivo con el ocultamiento de la información de una encuesta mandada a hacer por el mismo INE, en que los resultados nos les favorecían en su estrategia para denostar cualquier intento de reforma electoral, aunado a la connivencia con otro consejero, auspiciados por su mentor Woldenberg, para incitar a sectores de la sociedad a manifestarse, rebasa cualquier proporción e imparcialidad que debe prevalecer en cualquier institución del Estado mexicano.
En contraparte, fue un despropósito pretender ganar en la calle -mediante una vencida de marchas- lo que no se ha hecho bien en el tema desde el Congreso de la Unión, en coordinación con el gobierno federal.
En 2019 se tuvieron las condiciones políticas y legislativas para aprobar una reforma de gran calado, sin embargo, se titubeó dentro la fuerza mayoritaria en ambas cámaras federales, con una gran dosis de soberbia se minimizó el desafío que se lanzaba desde la oficina del consejero presidente; peor aún, la intentona sirvió de aviso para redoblar los esfuerzos para conspirar contra las instituciones del Estado: alentados desde la Secretaría Ejecutiva del INE, los OPLEs se agruparon en una asociación en defensa de sus interés, y recientemente, desde la misma instancia se cabildea en las cúpulas empresariales y en la iglesia católica para que se incorporen a la campaña en contra de cualquier reforma electoral; sin olvidar que simultáneamente el TEPJF en el mismo año de 2019 creó la escuela de posgrado de doctorado y maestría (única en el mundo, tratándose de un tribunal), para que llegado el momento, echar a las calles a los estudiantes en su defensa ante la propuesta de reducir su presupuesto en virtud de que en su mayoría al órgano judicial solo se le requiere durante los procesos electorales.
Con la reforma que se ha aprobado en los últimos días de 2022, con independencia de las reducciones en el tamaño de la burocracia y de la instancia jurisdiccional, no se aborda con seriedad el tema central para reconducir el camino perdido.
En efecto, se tiene que replantear el cumplimiento de la configuración original del Consejo General, integrado por verdaderos especialistas en materia electoral, ajenos a los partidos políticos (ciudadanizado), en que se debe excluir que puedan provenir de la burocracia electoral (ex empleados con cargo de directores hacia arriba, incluyendo asesores); con esto último se impiden caballos de Troya que saboteen cualquier intento por redimensionar la institución a los recursos escasos con que dispone el Estado mexicano.
Lo deseable, es que se hubiera dado la reforma constitucional que permitiera hacer rotativa la presidencia del Consejo General (máximo tres años), como la reducción de consejeros y su permanencia a seis años, con ello, se cancela cualquier protagonismo y desgaste; como asumir el INE las elecciones de las entidades federativas, desapareciendo con ello los OPLEs que representan duplicidades y una erogación de recursos financieros innecesarios. El gobierno federal y el grupo mayoritario debieron convencer, más no vencer, sobre las virtudes de las propuestas, que dicho sea de paso contenían la propuesta de 2013 –del PRI, avalada por el PAN- y que quedó truncada con la aprobación de la nueva ley (LGIPE) y la transformación del IFE en INE en 2014.
Pese a todo ello, es posible con reformas a nivel de reglamentos –como de la misma convocatoria que expide la Cámara de Diputados- recomponer el rumbo con el nombramiento de cuatro consejeros electorales en los próximos meses. Tema que abordaremos en la siguiente entrega.
*Autor de Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México (editorial Civitas&Universitas, 2022). Consultor. Estudios de doctorado y maestría en Derecho Constitucional Universidad de Sevilla, España. [email protected]
