La vida de los cinco expresidentes señalados de cometer delitos graves corría feliz y tranquila, hasta el día que Andrés Manuel tomó posesión como presidente de México y prometió acabar con la corrupción y con la impunidad.
De tal manera que el enjuiciamiento a los expresidentes era sólo cuestión de tiempo, de valor civil y de coyuntura. Todo mundo intuía – por la desfachatez y el cinismo con la que éstos exhibían su poder político y la riqueza mal habida–, que la serpiente de la corrupción les había clavado sus colmillos profundamente.
El valor civil lo tuvo Andrés Manuel, y la coyuntura se presentó con su llegada a la Presidencia de la República. Y ahora los cinco exmandatarios y sus no pocos cómplices deben responder.
¿Cuántos otros prohombres –entre ellos ministros, magistrados, jueces y procuradores (hoy fiscales)–, conspicuos empresarios y otros miembros de sus pandillas caerán con ellos en este juicio –que no cacería de brujas, como algunos etiquetan la decisión presidencial– punitivo?
La gente cree que llegó la hora de que rindan cuentas ante el pueblo al que traicionaron, a la sombra del poder presidencial.
DELITOS, NO PRESCRIBEN
Hay también, sin embargo, quienes creen u opinan que la consulta simplemente es anticonstitucional. Pero olvidan o desconocen que la legislación mexicana señala que los actos proditorios (pertenecientes a la traición, alevosía, felonía, ingratitud, engaño, complot, vileza, perjurio, insidia, delación, infamia, maquinación, deslealtad o conjura) de tracto sucesivo (unidos por la misma intención delictuosa y por la misma naturaleza del objeto, es decir, que exista unidad de relación y de fin”) no prescriben.
Más claro: los actos de corrupción contra el pueblo, pueden ser denunciados en cualquier momento como violatorios de los derechos elementales o garantías individuales por cualquier gobierno –en este caso el de López Obrador– o ciudadano afectado –en este caso el pueblo todo–, cuando decidan hacerlo.
SIN DEFENSA POSIBLE
Para el Presidente, resulta sorprendente que los abusivos y quizá ignorantes exmandatarios, no supieran que cada vez que cometían sus actos desleales en contra del pueblo mexicano o complicitaban con el narcotráfico organizado, añadían un nudo más a la larga soga con la que ahora pueden pender del cuello, lo mismo que sus ya no tan ocultos cómplices de la elite política, de la cúpula empresarial, e, incluso, sus familiares involucrados.
Su ignorancia, sin embargo, no los exime del cumplimiento de la ley, puesto que este principio de Derecho indica claramente que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos, más ellos que presumen haber estudiado en los colegios más prestigiados del mundo.
Por eso ahora más que nunca es legítimo y necesario –por clamor popular–, enjuiciar a los expresidentes y a sus comparsas. No se deben olvidar los fraudes, los abusos de poder, ni la voraz corrupción de los últimos treinta años. Es deseo de los mexicanos de a pie saber qué pasó y, desde luego, que se lleve ante la justicia a quienes resulten responsables. Esa ansia de conocer más allá de las mentiras sexenales, la manifestaron los casi dos millones de almas que firmaron para pedir la consulta popular sobre los exmandatarios.
LA INVESTIDURA
Por esa ansia popular, el Presidente se ha echado a cuestas dignificar la investidura presidencial, manchada por sus cinco antecesores. Sabe, sin embargo, que la tarea no ha sido ni será sencilla, pero se ha propuesto llevarla hasta sus últimas consecuencias (continuará).
