La masacre en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, que dejó 49 muertos, fue condenada por las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Al manifestar sus condolencias a las familias de las víctimas, consideraron que es obligación del Estado proteger la vida e integridad de aquellas personas a las que ha privado de su libertad.
Asimismo, exhortaron a las instituciones competentes para analizar las causas estructurales que dieron origen a los hechos violentos.
Mencionaron que la masacre subraya la urgencia de hacer frente de manera conjunta y decidida a una grave situación carcelaria, donde se combinan la violación de los derechos humanos, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas.
