Los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fueron aprobados por 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención.La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, establece que las estaciones de televisión radiodifundida de baja potencia podrán seguir al aire, aunque no hayan cumplido con la actualización tecnológica a la que estaban obligadas por ley.Señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pondrá en marcha un programa para garantizar que la población continúe recibiendo la señal y determinará la fecha para que las empresas realicen las inversiones.Detalla que, en ningún caso, el plazo podrá exceder el 31 de diciembre del 2016.Por otro lado, la reforma dará un año de gracia a las televisoras públicas para que puedan actualizar su equipo sin necesidad de salir del aire o perder su título de concesión, ya que tienen la opción de suspender sus transmisiones o realizarlas en una potencia menor.La fecha límite para ello será también el 31 de diciembre del 2016.El Senado incorporó una nueva adición para que el Gobierno suspenda el reparto de televisores en el 2016, desde que inicien las precampañas y hasta el día de la jornada electoral.En la redacción se advierte que, de no cumplir con la restricción, se aplicarán sanciones.Las modificaciones provocaron divisiones en las bancadas del PAN y PRD, que quedaron evidenciadas durante la discusión del dictamen.Los legisladores de la Oposición manifestaron posiciones encontradas en la tribuna, ya que mientras algunos denunciaron que la reforma busca beneficiar a las grandes empresas, como Televisa y TV Azteca, otros aseguraron que se trata de una decisión para salvar a los más pobres de quedarse sin señal.Sin mencionar nombres, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, aseguró que, a diferencia de sus correligionarios, no estaba dispuesta a ser utilizada para votar a favor de una reforma que exime a las televisoras de cumplir con la ley.”Ésta es una nueva Ley Televisa, es un verdadero trofeo para las televisoras. No les preocupan los pobres sino los millonarios”, denunció.En su turno, el senador del PAN Javier Corral denunció que la reforma nació para beneficiar a las dos empresas televisivas, con la finalidad de que exentaran las sanciones.Aseguró que el dictamen hace referencia a los medios públicos sólo como “señuelo”.El vicepresidente del Senado, el perredista Luis Sánchez, denunció que la reforma fue procesada en medio de “chicanas legislativas”, como si se tratara de asuntos de “contrabando”, para cuidar los intereses de los concesionarios privados.”El Senado está legislando con beneficiarios ex profeso en favor de las televisoras privadas que han incumplido todos los plazos establecidos”, expresó.”La prórroga salva de esa sanción a las televisoras. Dígase lo que se diga, esto tiene tufo a negocio, a conflicto de interés”.La senadora independiente Martha Tagle subió a la tribuna para dar lectura al pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), en el que se acusa al Senado se beneficiar a los concesionarios privados.”El Poder Legislativo cede a las presiones de las televisoras y los negocios se sobreponen a las políticas”, citó, tras calificar de demagogos a los legisladores que defienden el proyecto como si se tratara de una herramienta de política social.”¿Los pobres de verdad lo que necesitan son televisiones? Ésa es demagogia”.El senador Mario Delgado acusó al presidente del Senado, el panista Roberto Gil, de prestarse a los intereses de las televisoras, por haber propuesto la reforma.”El Senado al servicio de las televisoras y para que quede claro quién manda en el País, es el presidente del Senado el que ofrece el salvoconducto. Es la sumisión vergonzosas a las finanzas de las televisoras”, denunció.”Somos una República de telenovela, pero del siglo pasado”, agregó el senador del PT Marco Antonio Blázquez.
A favorEn contraste, senadores del PRI, PAN y PVEM defendieron la reforma al asegurar que busca proteger a las televisoras públicas y a la población de las zonas más marginadas del País que están en riesgo de quedarse sin señal.El presidente de la Comisión de Comunicaciones, el panista Javier Lozano, explicó que la reforma es urgente, ya que la fecha límite para el apagón es el próximo 31 de diciembre.Además, rechazó las acusaciones lanzadas por algunos senadores y defendió los objetivos del proyecto.”Sí quiero dejarlo bien claro, por la cantidad de tesis que se han desarrollado en los últimos días sobre la intención expresa o tácita que hubiese detrás de esta iniciativa, es esto a lo único que se refiere.”Medios públicos que no pudieron hacer la migración la transición digital, estaciones complementarias o baja potencia que podrán seguir operando como tal y una prohibición para utilizar electoralmente estos programas de entrega televisores o aparatos receptores”.La senadora del PRI Lilia Merodio insistió en que la reforma busca respaldar a millones de mexicanos que se quedarían sin televisión de no concretarse estas modificaciones.”No se está contrabandeando nada”, afirmó al responder a las acusaciones de quienes se inconformaron con el proyecto.El senador del PVEM Gerardo Flores también replicó las críticas al sostener que los comisionados del IFT se han pronunciado por ampliar los tiempos para la transición de la Televisión Digital Terrestre, en beneficio de las comunidades más alejadas y las televisoras públicas.