Defensa de Luis Ángel Bravo previó que en próximos días caso se resolverá a su favor.
Pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, como Derechos Humanos lo constató.
Ex fiscal Winckler enfrentará más denuncias por su “servilismo” para cumplir “revanchas políticas” de su patrón Yunes.
Veracruz, Ver.-
El proceso penal que enfrenta Luis Ángel Bravo, quien fuera Procurador General de Justicia y posteriormente, Fiscal General de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio del ex policía David Lara Cruz, está por resolverse y todo indica que el resolutivo será a favor del ex funcionario estatal.
Esto ocurre tras la separación del cargo del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, quien hoy enfrenta tres órdenes de aprehensión y encararía más acciones en su contra, ya que el organismo a su cargo simuló justicia, fabricando pruebas para incriminar y encarcelar a ex funcionarios por “objetivos políticos” de su jefe Miguel Ángel Yunes Linares, expresó Ericka Carrillo Alvarado, abogada defensora de Bravo Contreras.
Luis Ángel Bravo Contreras, cabe recordar, es señalado bajo el proceso penal 103/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.
Al ex fiscal le imputaron haber instruido a sus entonces subordinados, el director general de Servicios Periciales, Gilberto “N” y la fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, ocultar hallazgo de cadáveres en la Barranca de la Aurora, en Emiliano Zapata, en enero de 2016, sitio donde policías arrojaban a víctimas de desaparición forzada.
Según la carpeta de investigación, los elementos de prueba que la Fiscalía de Winckler obtuvo y que sirvieron para aprehender a Luis Ángel Bravo (vinculado a proceso por esos hechos, encerrado en prisión y luego en arresto domiciliario) son dos testimonios: el del ex secretario de Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zurita, y el del propio ex director de Periciales, Gilberto “N”.
No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que ambas entrevistas/declaraciones fueron obtenidas de manera ilegal, en el interior del penal de Pacho Viejo, sin la presencia de su abogado y sin cubrir las reglas legales que se exigen para que una persona imputada y privada de su libertad, pueda rendir testimonio ante autoridad y más aún, si se auto incriminan al extremo.
Incluso se señaló que a Gilberto “N” le falsificaron firmas en diligencias en las que ni siquiera participó.
Por este hecho, Arturo Bermúdez denunció tanto en el Congreso del Estado de Veracruz, como en la Fiscalía General de la República (FGR) que esa declaración que incriminó al ex fiscal Luis Ángel Bravo fue obtenida bajo amenazas, intimidación y hasta tortura.
“Ambos casos se resolverán en próximos días y las carpetas serán judicializadas, motivando el libramiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de Jorge Winckler Ortiz”, advirtió la abogada Carrillo Alvarado.
En el caso de Gilberto “N “, por conducto de su abogado Jorge Reyes Peralta, denunció ante la Fiscalía General de la República y ante el Congreso del Estado de Veracruz que la declaración contra Luis Ángel fue lograda con métodos inhumanos y crueles, con tortura.
Incluso, la Recomendación 25/2019 emitida por la CEDH, detectó tortura para obtener el testimonio del ex funcionario y lograr el “involucramiento” del ex fiscal.
Detalló que en este caso también participaron en la obtención y defensa de los testimonios adquiridos con tortura el actual Fiscal Regional de la Zona Centro Veracruz, Julio Rodríguez Fernández y el fiscal David García Galván, contra quienes en los días por venir, también enfrentaran acciones legales.
Ésto generó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, al resolver la queja 128/2018, declarara que existió violación a la suspensión con la que contaba Luis Ángel Bravo al momento de su aprehensión.
“No es un asunto menor, independientemente de quién se trate, que un gobernado permanezca durante meses en prisión, por caprichos o revanchas políticas. No puede permitirse en el futuro, que el servilismo de un funcionario público hacia el Gobernante en turno, prostituya la función del Ministerio Público”.
“Es claro el principio de lealtad que rige el nuevo sistema de justicia penal. Winckler pasará a la historia como el peor Fiscal que Veracruz haya tenido en todos sus tiempos”, finalizó.
