Por: Lázaro Cruz García
COATZACOALCOS, VER.— En el papel y en los discursos oficiales, la infraestructura que se ejecuta en la región sur de Veracruz es el motor que detonará el desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, a ras de suelo, entre las cámaras empresariales, contratistas y sindicatos locales, prevalece una inconformidad añeja y persistente: los grandes contratos millonarios se asignan a consorcios foráneos, mientras la proveeduría y la mano de obra del estado terminan rezagadas a subcontratos menores o simplemente viendo pasar el presupuesto desde la barrera.
Las megaproyectos y sus ganadores
El malestar del gremio constructor radica en la distribución de la obra pública estratégica impulsada en la zona industrial y portuaria:
- Acueducto La Cangrejera: Anunciado como la solución histórica al desabasto de agua en Coatzacoalcos, con una inversión estimada de más de 2 mil 800 millones de pesos, la licitación del contrato principal por más de 1,200 millones de pesos fue adjudicada a las empresas Grupo Impulsor Pajeme y Planeación Sistemas y Control, firmas con domicilio fiscal en el Estado de México y la Ciudad de México.
- Puente Coatzacoalcos III: Una obra proyectada para ejecutarse con un presupuesto federal superior a los 5 mil 800 millones de pesos. La edificación de esta megaestructura de cuatro carriles sobre el río Coatzacoalcos genera gran expectativa, pero también el temor latente en el empresariado local de que las firmas nacionales como ICA o grandes consorcios de la capital acaparen la licitación principal.
- Gasoductos e infraestructura energética: En el sector de hidrocarburos y ductos de interconexión regional, la recurrente asignación de contratos a empresas tabasqueñas —algunas de ellas señaladas por vínculos de amiguismo político— o a firmas con participación de inversionistas extranjeros ha alimentado la indignación de los empresarios locales, quienes denuncian competir en franca desventaja.
Inversión millonaria, derrama lejana
Para los constructores de Coatzacoalcos, Minatitlán y municipios circunvecinos, la paradoja es evidente: los proyectos de infraestructura se levantan sobre suelo veracruzano y generan las afectaciones inherentes a la obra pesada, pero la derrama económica sustancial y las ganancias operativas regresan a las sedes corporativas en la Ciudad de México, Monterrey o Tabasco.
A los constructores de la región se les suele delegar únicamente el tramo final de la cadena: el acarreo de materiales, la subcontratación de maquinaria a tarifas castigadas o los trabajos secundarios de albañilería, donde el margen financiero es mínimo y los riesgos directos son altos.
El reclamo al gobierno federal y estatal no es que se frene la inversión, sino que se creen esquemas reales de integración para las empresas locales en las licitaciones, garantizando que el “desarrollo regional” no sea solo un eslogan de paso, sino una ganancia tangible para las familias y los empresarios que habitan y tributan en el sur de Veracruz.
