Desempleo, migración, crisis económica, daños irreversibles al medio ambiente, y la pérdida irreparable para 32 familias que sus hogares se transformaron en luto, es el panorama que se tiene hoy a un año de la catastrófica explosión en la planta de Clorados III, en el complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en la zona industrial de Coatzacoalcos.

A este triste y amargo episodio, la agrupación ambientalista Greenpeace México denunció que las empresas Mexichem, y Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplieron con las acciones contundentes de remediación, ni con los estudios de lo que realmente sucedió, mucho menos se conocieron las sustancias que fueron liberadas al momento de la conflagración, aquel desastroso 20 de abril de 2016.

“La inmovilidad en el tema se lo atribuimos más a la falta de respuesta de las autoridades, al menos en Greenpeace México no hemos recibido ninguna respuesta ni de Mexichem ni de ningún gobierno”, afirmó para Código Veracruz, Juan Mayorga, responsable del área de comunicación de la asociación ambientalista.

Reiteró que en el lapso de 12 meses hicieron caso omiso a las acciones efectivas que se deriven de esas recomendaciones, “No podemos descartar que existan, pero al menos a nosotros no se nos ha informado”.

Y peor aún, en enero de este año, el director de Pemex Etileno, Luis Rafael Montanaro Sánchez, declaró que están a la espera del dictamen que emita la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el accidente que ocurrió en la planta Clorados III.

Por lo pronto, la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) comenzó el desmantelamiento de la planta incendiada de Clorados III, de donde retirarán más de 10 mil toneladas de fierros retorcidos en un periodo de seis meses.

DESEMPLEO Y MIGRACIÓN

La congregación de Mundo Nuevo, y Villa Allende, pertenecientes a Coatzacoalcos, –ambas con nivel medio-bajo– fueron de las más afectadas por la explosión, ya que la mayoría de los  trabajadores que viven en esas comunidades laboraban para las contratistas a cargo de PMV y Mexichem.

En Mundo Nuevo, fallecieron quemados ocho trabajadores, en su mayoría jóvenes; y en Allende, dos, además de los que sufrieron lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado.

Afortunadamente, hay quienes viven para contarlo, pese a que su vida cambio drásticamente: las secuelas en su humanidad por el fuego, el daño emocional y la pérdida de amigos de trabajo, difícilmente se superarán.

A cada uno de los deudos se le indemnizó con una fuerte cantidad, que a decir de muchos sobrepasó el cien por ciento, sin embargo, la vida de sus hijos, hermanos, esposos y amigos, no regresó.

La agente municipal de Mundo Nuevo, Mayra Gutiérrez Cruz, dijo que los familiares de los extintos, algunos se quedaron haciendo su vida “normal”, y recordando a los que perdieron, otros más emigraron para olvidar.

“Es muy lamentable y las familias ya no quieren tocar el tema, lo que nosotros exigimos en ese momento si se cumplió por parte de la empresa con un poco más del cien por ciento de lo que les correspondía, claro la vida no tiene precio, pero si quedaron de cierta manera conformes en ese aspecto”, sostuvo.

En el caso de Villa Allende, las dos viudas, recibieron la indemnización, una se fue  a radicar a Cancún con sus hijos, y la otra vive en Rabón Grande.

80 POR CIENTO VIVE DE LA INDUSTRIA

La de por sí pauperrima economía es la que se vio mermada a raíz del mortal accidente, el 80 por ciento de los habitantes de Mundo Nuevo viven de la industria petroquímica.

“El cierre de la planta Clorados III nos pega a todos, por la falta de trabajo la gente tuvo que emigrar a otros estados y como autoridad exigimos que se le dé solución porque nos golpea económicamente, pedimos que se reactive para generar empleo a la comunidad”, detalló.

El desempleo obligó a que estos trabajadores tuvieran que tomar la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I por varios meses en donde solicitaban dinero a los automovilistas para poder subsistir.

“El Gobierno del Estado hizo un acuerdo con todos estos ciudadanos para incluirlos en un programa de gobierno del Servicio Nacional de Empleo y hasta el día de hoy no hemos visto respuesta de parte de ellos, es lamentable lo que se vive en Mundo Nuevo”, reclamó.

BOMBA DE TIEMPO

Mayra Gutiérrez, subrayó que nunca les dieron a conocer los resultados de los muestreos del agua y suelo que se hicieron tras la explosión, “nos enteramos por los medios de comunicación, y efectivamente vivimos en una bomba de tiempo, no sabemos ni cuándo ni a qué hora, las empresas nunca le prestan la atención adecuada a los ductos que atraviesan la comunidad, en la cuestión de seguridad estamos muy mal”.

El encargado del área de comunicación de Greenpeace México, Juan Mayorga, mencionó que en su momento efectuaron  la recolección y análisis de pruebas al agua y suelo, y las autoridades federales no dieron respuesta; el tema quedó en el olvido.

En junio de 2016, Greenpeace México presentó a los medios de comunicación de Coatzacoalcos los resultados de las 10 muestras: el agua proveniente de la tubería de descarga del complejo Pajaritos de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por mexicana Mexichem en asociación con Pemex, contiene al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas al ser catalogados como posibles cancerígenos.

Estas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la normatividad de Estados Unidos.

De las 10 muestras tomadas, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos es  precisamente la del agua proveniente de Pajaritos; se encontraron etanos clorados, y metanos clorados así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles.

De las distintas sustancias, el químico más predominante es el Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés),  sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)  y los servicios de salud de los Estados Unidos. Las concentraciones halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establece Estados Unidos respecto a  las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.

Los ambientalistas en su momento reclamaron sanciones ejemplares contra Pemex y Mexichem debido a las pérdidas humanas y a los graves daños causados a la comunidad y al medio ambiente, así como a quien resulte responsable de la verificación del funcionamiento de esta planta.

Así como dar a conocer el plan de remediación y estudios pertinentes para saber qué sucedió, qué impacto tendría en el entorno, y de qué forma se reparará el daño a todas las víctimas.