Elizabeth Aviña
Coatzacoalcos, Ver.
La sindica Jazmín Martínez Irigoyen, denunció que la labor de Miriam Hernández, delegada de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA), es por tintes políticos y personales, más allá de la labor de proteger animales.
Tras la controversia que se armó en redes sociales por la fotografía de un documento donde la edil solicita a la animalista entregar las instalaciones del Centro de Control Animal de Coatzacoalcos (CCA) tras cuatro años de utilizarlo, Martínez Irigoyen aseguró que fue la misma Miriam quien a través de mensajes de whatsapp dijo que se retiraba del lugar por esta estar en desacuerdo con las decisiones del nuevo gobierno municipal.
En rueda de prensa, la síndica puntualizó que todo inició en el arranque de la administración de Víctor Carranza, cuando Miriam Hernández solicitó vía oficio apoyo con personal y 25 mil pesos mensuales para medicamentos y necesidades básicas del inmueble.
En sesión de cabildo, el 16 de enero, fue aprobado el apoyo con personal, sin embargo, la entrega del dinero quedó pendiente.
Posteriormente, el Gobierno Municipal formó un comité de apoyo animal del que Miriam no estuvo de acuerdo y comenzaron los problemas.
Miriam aseguró vía whatsapp que dejaría las instalaciones del CCA al no estar de acuerdo con la manera en que el municipio quiere trabajar y solo para formalizar fue enviado el documento que ahora circula en redes sociales y que fue firmado por la misma delegada de amedea.
“Siempre estuvimos en diálogo, pero ella siempre estuvo a la negativa, es prepotente, en lugar de favorecer han perjudicado y por eso hay un abandono. Nadie la corrió, ella sola dijo que se iría y lo único que hicimos fue formalizar la situación a través de un documento. Esto ocurre pese a que ella es parte de una asociación civil y debería contar con su propio espacio, sin embargo, ocupó durante años uno municipal y nadie le dijo nada. Ella quería imponer a las personas, a ella se le invitó a trabajar”, apuntó.
En conferencia de prensa, la funcionaria municipal, afirmó que Miriam Hernández cobra por la esterilización de perros y gatos, y de ese dinero, se queda con una parte.
Añadió que de los 280 que cobra para la esterilización de perros, y 180 para los gatos; cien pesos son para el veterinario, y el resto para la activista.
Ante la situación, el próximo 22 de marzo, AMEDEA tiene que abandonar las instalaciones del centro canino, para ser entregadas a Diego David Meléndez Bravo y Arturo del Carmen Hernández Ortiz, personas designadas por la síndica en el comité ya constituido.
Jazmín dejó en claro que es un veterinario el que debe estar al frente de este tipo de instalaciones, y no una asociación civil, con la finalidad de que opere correctamente.
