Legisladores de Morena acusan a alcaldes de Cuauhtémoc e Hidalgo de movilizar comerciantes bajo presiones y amenazas para la marcha de la “Generación Z”.
El Congreso de la Ciudad de México colocó en el centro del debate político a los alcaldes panistas Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), al acusarlos de presuntamente financiar con recursos públicos a grupos violentos que participaron en la reciente marcha de la llamada Generación Z. El pleno aprobó un exhorto para que ambos funcionarios sean investigados y se retiren temporalmente del cargo mientras se desarrollan las pesquisas.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que, si se confirma la operación política detrás de la movilización de comerciantes ambulantes, podría iniciarse un juicio político. La legisladora señaló que ya circulan nombres de operadores que, presuntamente, presionaron a los vendedores amenazándolos con perder sus espacios de trabajo.
Tras más de cuatro horas de discusión, el Congreso dio luz verde a un exhorto dirigido tanto a la Contraloría capitalina como a la Junta de Coordinación Política, esta última encargada de integrar una comisión especial para dar seguimiento a los hechos violentos registrados durante la marcha del sábado en el Zócalo.
En tribuna, el morenista Paulo García, promovente del punto de acuerdo, exhibió una lista de operadores vinculados a la movilización, entre ellos Rubén Jiménez Barrios, dirigente de comerciantes y secretario adjunto del PRI capitalino. Esto desató la respuesta de la diputada Silvia Sánchez Barrios, quien rechazó cualquier vínculo familiar con los actos de violencia y exigió que Jiménez Barrios dé una explicación pública.
La discusión alcanzó también a otros actores señalados, como los concejales Grecia Maribel Jiménez Hernández y Jean Leonet Jiménez Hernández, así como al operador político priista Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, acusados de obligar a comerciantes a acudir a la manifestación. En Miguel Hidalgo, legisladores identificaron al subdirector Roberto Arceo Trujillo como presunto coordinador de agresores, además del panista Alberto González Mancilla, señalado por saltar vallas para intentar llegar a Palacio Nacional.
El exhorto —rechazado por la bancada del PAN— pide a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana profundizar las investigaciones y llama a las dirigencias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a pronunciarse contra los actos de violencia ocurridos durante la marcha.
