La compañía de electricidad del Estado ha solicitado a dos cortes federales en Estados Unidos se obligue a JG Energy y Arbor Glen a entregar información sobre negocios con su filial.
El caso Whitewater avanza en cortes en Estados Unidos, en donde la empresa del Estado mexicano, Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha hecho dos nuevas peticiones por exhibición de pruebas a dos empresas relacionadas al caso. Documentos de cortes federales en Texas, obtenidos por EL PAÍS, muestran hallazgos de un investigador privado en el caso en contra de Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez. Ante esto CFE acusa a los exfuncionarios de la Administración de Enrique Peña Nieto de otorgar contratos multimillonarios a Whitewater Midstream en violación de la Constitución.
Los contratos que su filial CFE International firmó en 2016 con la firma WhiteWater Midstream, los cuales convirtieron a la empresa privada en la mayor proveedora extranjera de gas natural del país en el sexenio pasado.
El documento señala a Javier Gutiérrez Becerril, exdirector de Operaciones de CFE International, y a Guillermo Turrent Schnaas, exdirector general de la filial, de adjudicar contratos beneficiosos a la empresa texana que resultaron perjudiciales para México.
“Como servidores públicos, violaron la Constitución Mexicana y las leyes penales y de adquisiciones mexicanas al otorgar indebidamente a una empresa estadounidense, sus subsidiarias y afiliadas, contratos masivos de gas natural para construir, transportar capacidad y comercializar gas en un gasoducto de Texas cuya construcción fue patrocinada por CFE”, dice el documento ingresado en la Corte del Distrito Oeste de Teas el pasado 14 de abril.
El recurso legal sostiene que estos contratos beneficiaron a la compañía energética con cientos de millones de dólares durante su vigencia del acuerdo pero fueron en detrimento de México y su población.
Al respecto, la CFE confirmó el ingreso de la demanda, pero se negó a hacer algún comentario referente al proceso.
“CFE presentó la demanda y no litiga en medios”, declaró la empresa productiva del Estado como una respuesta a los medios.
De acuerdo con una publicación del diario El País, el recurso legal presentado cuenta con más de mil páginas en las que se dan cuenta de denuncias contra los exfuncionarios por tráfico de influencias y corrupción.
La demanda interpuesta señala que Mathew Calhoun, co fundador de WhiteWater Midstream y presidente de Operaciones Comerciales de la empresa, tiene una larga relación profesional y personal con Gutiérrez Becerril y Turrent Schnaas.
En julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso en una de sus conferencias de prensa matinales al menciona que muchos de esos contratos se han llevado a litigios internacionales, ya que se hicieron por corrupción para comprar gas de manera exagerada.
“Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México, y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos”, refirió el mandatario.
Desde 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda iniciaron investigaciones contra ex funcionarios de la CFE por la firma de contratos para la construcción de gasoductos los cuales, dijeron las autoridades, tenían condiciones desventajosas para la empresa productiva del Estado.
Entre los funcionarios investigados desde entonces han resaltado los nombres de Gutiérrez Becerril, quien actualmente es consultor de energía en Houston, Texas, y de Turrent Schnaas.
En la orden de investigación ingresada ante la corte estadounidense, la CFE solicita a la empresa Antaeus Group, fundada también por Calhoun, la entrega de testimonios y documentos que permitan acreditar estos actos de corrupción y sirvan para su uso en un proceso abierto ante la división de anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este procedimiento legal se suma a los esfuerzos de la CFE en el caso contra WhiteWater Midstream , contra la que presentó una denuncia ante la FGR en agosto del año pasado por la firma de contratos bajo un esquema de corrupción el año pasado.
