La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados declaró procedente la consulta sobre el esclarecimiento de las decisiones de actores políticos del pasado y avaló la convocatoria a dicho ejercicio el primer domingo de agosto de 2021.
Aprobado con 17 votos de Morena, Partido del Trabajo y PVEM a favor y cinco del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para ser discutido y votado en el pleno durante los próximos días.
El proyecto de decreto, aprobado previamente por el Senado, establece que “es procedente la petición de consulta popular presentada por el Presidente de la República”. Señala que la materia de consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con el requisito de trascendencia nacional señalado por la Ley Federal de Consulta Popular.
Prevé la celebración de la consulta popular el 1 de agosto de 2021 para que los ciudadanos respondan sí o no a la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
No obstante, durante la discusión del proyecto, el legislador panista Felipe Fernando Macías manifestó el profundo rechazo de su bancada, al subrayar que la ley no se consulta, sino se aplica, y emplazó al Ejecutivo a presentar denuncias contra los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Pela Nieto, si hay elementos para ello.
En su turno, la morenista Tatiana Clouthier remarcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta y reformuló incluso la pregunta originalmente propuesta por el presidente López Obrador. En su turno, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, remarcó que para hacer justicia no hacen falta consultas, sino iniciar los procesos contra los funcionarios púbicos hayan cometido delitos en el pasado o en el presente. Calificó por ello como un capricho del Presidente llevar a cabo la consulta y empatarla con las elecciones de junio de 2021 para salvar a su partido político.
