Coatzacoalcos, Ver.-
Los habitantes de los poblados Santa Alejandrina, El Castaño y El Arenal enfrentan un juicio en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la indemnización de los predios que fueron ocupados por la empresa para la construcción de la ampliación de la Refinería Lázaro Cárdenas; funcionarios de alto nivel no pagaron los terrenos al precio fijado por las comunidades y falsificaron documentos para comprobar los pagos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control de la empresa.
Obra millonaria
En la modernización y ampliación de la refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua de Latinoamérica, se construyeron 12 plantas procesadoras, obras de integración y servicios auxiliares para producir combustibles de mayor valor.
El 26 de julio de 2011, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, confirmó en su discurso de inauguración que en las instalaciones que se invirtieron 3 mil 500 millones de dólares, es decir, más de 42 mil millones de pesos.
Aunque se inauguró en ese año, el término de los trabajos se realizó hasta 2012, cuando ya se tenía seguro el incremento de producción de 175 mil barriles diarios a 246 mil barriles diarios la capacidad de tratamiento de la refinería, y elevó de 33 a 71 por ciento el procesamiento de crudo pesado Maya.
El proyecto como tal se presentó entre 2003-2004, cuando aún era secretario de Energía el propio Felipe Calderón, y a lo largo de 11 años enfrentó una serie de dificultades por el incremento de los insumos y los problemas que arrastró la división del proyecto entre varias empresas.
Uno de estos problemas fue la liberación de los terrenos donde se construiría la reconfiguración de la refinería, ya que se debían ocupar los terrenos del ejido de Santa Alejandrina y del poblado del mismo nombre, los cuales habían vivido por décadas a un costado de la barda perimetral de esa instalación.
Es en el año 2004 cuando se inicia la negociación de los terrenos con los ejidatarios y los pobladores, se acordó de palabra con cada uno de ellos de palabra, con los visitadores especiales que envió la subsidiaria de Refinación.
El acuerdo era que se le pagaría a 500 pesos el metro cuadrado para que ellos dejaran sus viviendas y en el primer pago se dejaría en garantía la escritura y se finiquitaría el proceso en los siguientes pagos. A la empresa la urgía que se firmaran los contratos para que no fueran sancionados por tardar el proceso de la reconfiguración.
De acuerdo con la denuncia presentada por al menos 200 propietarios, Pemex sólo les pagó a algunos pobladores a 50 pesos el metro cuadrado y a otros sí les cumplió el pago de los 500 pesos, lo que representa una irregularidad total.
El expediente 4175/2012/UAC/PRF/DE525 presentado ante la Secretaría de la Función Pública y trasladado al Órgano de Control Interno de la empresa productiva del Estado, detalla las “discrepancias que existieron en los pagos que se realizaron por los solares ubicados en la zona urbana del ejido Santa Alejandrina y sus anexos, Los Castaños y El Arenal”.
Pobladores son presionados
En una visita realizada a la sede donde se reúnen las familias afectadas, los pobladores revelaron que desde 2003 fueron acosados y presionados psicológicamente para que dejaran los predios, antes de que fueran expropiados.
Desde el principio los habitantes de los tres poblados se desmarcaron de las negociaciones de los ejidatarios y acordaron que venderían a 500 pesos el metro cuadrado, ya que tendrían que abandonar sus casas y sus medios de supervivencia pues también tenían animales y áreas sembradas.
Felipe Martínez Martínez, uno de los afectados, recordó que vivía tranquilamente en el poblado El Arenal, pero con el proyecto de la reconfiguración de la refinería comenzaron a visitarlos diferentes personas representantes de Pemex, quienes ejercían una presión psicológica para que vendieran sus tierras.
Debido a la presión que ejercían las visitas diarias de los funcionarios de Pemex aceptaron que el pago en parcialidades de las tierras y los bienes distintos a la misma, quedando el pago en 500 pesos el metro cuadrado. “Nos visitaban diariamente para que aceptáramos el dinero que nos estaban dando y dejáramos los predios, y pudiera empezar la obra”.
Otro de los afectados, Faustino Cruz Chalán refirió que sufrieron presiones diarias y ellos empezaron a temer que no les iban a pagar nada, por lo que aceptaron, por separado, el acuerdo con la empresa.
Detalló que ellos recibieron un primer pago de la empresa y sólo firmaron de recibido el cheque, dejando en garantía los títulos de propiedad que les fueron otorgados en la asamblea de delimitación destino y asignación de tierras ejidales, de fecha de 12 de octubre de 1998.
Ante el notario número 16 de Minatitlán, Pablo Martín Cruz Hernández, se aceptaron los cheques del primer pago, pero las otras dos parcialidades ya no fueron entregadas y ellos no firmaron los convenios que exigía la empresa para concluir con el proceso de expropiación de la tierra.
De acuerdo con la lista de pagos que entregó la empresa a la SFP, pudieron constatar que muchos de los pobladores si recibieron su dinero completo y en una sola exhibición, con un tabulador de 488 pesos el metro cuadrado.
Los que están demandando a la empresa sólo recibieron un pago parcial que va desde 12 mil pesos a 300 mil pesos, pero corresponde a 10 por ciento del valor de sus predios.
Fraude por parte de Pemex
Eleazar Cruz Clemente, habitante del extinto poblado de Santa Alejandrina, señaló que la empresa petrolera incurrió en varios errores en el proceso de compra de los predios, ya que nunca se firmó un contrato de compra-venta con los pobladores, como lo exige la ley y sólo se firmó el documento de respaldo del cheque entregado.
Además, los afectados tampoco firmaron la hoja de estimación que requieren para dar por concluida el proceso y la que presentó la empresa tiene la firma falsificada de todos ellos, como lo comprobaron con un peritaje que aportaron al expediente.
“Los funcionarios en su intento por presentar todas las pruebas que requerimos a la Función Pública, falsificaron los documentos, las firmas están cambiadas y hay casos donde el propietario no sabía leer o escribir y se firmó con la huella el contra cheque pero en la estimación de la extinción de los terrenos llevan una firma”.
Además, Pemex no acreditó a los gestores que realizaron la negociación por parte de la empresa, lo que también representa una irregularidad, ya que no se les dio ninguna autoridad para que realizaran un convenio y se compraran los terrenos.
Estos mismos gestores negociaron el pago de predios a particulares donde estaban fincadas las escuelas, canchas, parques y hasta el cementerio, el cual aún está en servicio, ya que no se les ha notificado la exhumación de sus familiares.
Rafael Arróniz Chalas, representante jurídico de los afectados, señaló que el 19 de enero de este año le fue notificado que nuevamente el expediente fue remitido a la unidad de responsabilidad en Pemex Transformación Industrial, empresa productiva del Estado y subsidiaria de Pemex para que revise nuevamente el caso (expediente DGDI/DAC/310/0303/2016).
Además, siguen en el desahogo de pruebas de la denuncia que interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciada en octubre de 2014.
Cabe señalar que debido a los procesos que se tienen abiertos, la empresa no ha podido tomar posesión de todos los predios, los cuales forman parte del área de amortiguamiento que le exigen las autoridades de medio ambiente.
Pemex acabó con su modo de vida
Los habitantes de los tres poblados señalaron que la empresa dio al traste con su vida, pues muchos de ellos tuvieron que endeudarse para poder comprar un nuevo predio para vivir. La mayoría de ellos se mudó a la isla de Capoacan, una zona que se inunda año con año, cuando crece el río Coatzacoalcos y se ven afectados.
Para ellos la principal afectación que sufrieron, además de la falta de pago, fue el cambio de vida al que tuvieron que enfrentarse pues varias generaciones de sus familiares habitaron esos predios, donde además ya tenían una forma de organización comunitaria.
“Nos obligaron a vivir en otros lugares donde no conocemos a los vecinos y nos está acabando la delincuencia, no tenemos a los vecinos que antes nos ayudaban y tampoco tenemos el arraigo a nuestra tierra”.
Los cambios de actividades económicas y sociales les generaron una afectación psicológica, la cual fue documentada por una especialista en un peritaje solicitada por su defensa.
En el documento se detalla que los pobladores fueron presionados psicológicamente para que abandonaran su tierra y que se les desarraigó de golpe de su comunidad, con la cual se conducían por usos y costumbres fijados por sus antepasados.
Los pobladores de los poblados Santa Alejandrina, El Arenal y El Castaño exigen al director de Pemex, José Antonio González Anaya, que instruya al órgano de control para que le dé seguimiento al proceso de compra de los terrenos para la refinería y se les pague el dinero que les adeudan desde hace varios años.
Con información de La Jornada
