Mexicali, BC.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó al consorcio Aguas de Rosarito una suspensión provisional contra la cancelación anticipada que hizo el gobierno de Baja California de la construcción de una planta desaladora de agua de mar en el municipio de Playas de Rosarito, proyecto con el cual se pretende abastecer a esa demarcación y a Tijuana.
El juzgado cuarto de distrito en materia de amparos y juicios federales del PJF, con sede en Tijuana, aceptó la queja administrativa que interpuso la empresa, la cual argumentó que la cancelación realizada el 15 de julio por la administración que encabeza el gobernador Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, fue unilateral.
El expediente 384/2020-F señala que el representante legal de la firma, Rubén Sánchez Campodónico, presentó el recurso el 20 de julio de 2020.
Fuentes de la gerencia de Aguas de Rosarito, que pidieron omitir su identidad, informaron que la compañía invirtió en la planta 50 millones de dólares, por lo que demandará al gobierno de Bonilla 100 millones de dólares por daños y perjuicios.
A mediados de julio, el secretario estatal de Administración del Agua, Salomón Faz Apodaca, aseguró que la cancelación del contrato nos sale más barata que seguir cubriendo 149 millones de pesos mensuales durante 37 años por la operación de la planta. A su vez, los usuarios de Tijuana y Playas de Rosarito pagarían sus consumos de agua potable a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
El primero de diciembre de 2017 –durante la gestión del mandatario panista Francisco Vega de Lamadrid–, el Congreso local aprobó el decreto 168, que ratificó la contraprestación de 149 millones de pesos mensuales, así como un pago inicial de 447 millones, que el gobierno estatal entregó al consorcio, y autorizó el monto total de la inversión por 9 mil 72 millones 882 mil 279 pesos más impuesto al valor agregado.
La desaladora fue una de las principales obras que gestionó Kiko Vega, y fue rechazada por la sociedad, por considerar que la planta generaría una gran deuda pública.
Aguas de Rosarito fundamenta su queja en el decreto del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas estatal, aprobada en mayo de 2014. La empresa se apoya en el artículo 124 de ese ordenamiento, relativo a la terminación anticipada del proyecto.
El artículo 124 estipula que en caso de terminación por causas no imputables al desarrollador, éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones que demuestre haber realizado, no recuperables y pendientes de amortización.
El desarrollador podrá solicitar el pago en un plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de la terminación anticipada, y tendrá que hacerse en un plazo no mayor a 90 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.
También especifica que no se tendrá derecho al reembolso si la terminación es por causas atribuibles al desarrollador.
El gobierno de Vega justificó el proyecto por las limitaciones para ofrecer agua potable a Tijuana ante su crecimiento poblacional y la escasez de lluvias. El plan cancelado incluía dos etapas de entrega para la operación, conservación y mantenimiento de las instalaciones que conducirían hasta 4 mil 400 litros por segundo durante 37 años.
