Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador del estado, aseguró que ya se investigan los hechos.
El actual gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denuncia que su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, realizó un fraude por aproximadamente 230 millones de dólares (unos 10,371 millones de pesos).
Ramírez Bedolla señala que Aureoles Conejo consolidó su fraude junto con la constructora que se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de siete cuarteles de la Policía de Michoacán, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas.
Los inmuebles involucrados en el presunto fraude millonario se ubican en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, que fueron cedidos bajo el esquema de arrendamiento financiero a la Inmobiliaria DYF S.A.
En conferencia de prensa, el actual gobernador de Michoacán detalló que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico.
Sin embargo, cada complejo cuenta con una Casa de Gobierno, habilitada con blindaje antibalas y mobiliario lujoso en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Este espacio estaba destinado exclusivamente para el uso de Aureoles Conejo.
Ramírez Bedolla afirmó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo cuando solamente debió ser uno, con la existencia, además, de un sobreprecio en la construcción.
Además, cada cuartel de la Policía de Michoacán se rentaba a la Inmobiliaria DYF S.A. Finalmente, el Gobierno estatal compró todos los inmuebles, tras pagar arrendamientos millonarios, la falta de evidencia documental de la entrega de los mismos y la inexistencia de equipamiento.
“En total se pagaron: 5,186 millones de pesos, de siete cuarteles, de arrendamiento se pagaron 3,425 millones de pesos y de la compra final, 1,760 millones de pesos”, explicó el gobernador.
Ramírez Bedolla indicó que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investiga el presunto fraude por 230 millones de dólares.
