La madrugada de este sábado, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte de Ochoa, quedó formalmente preso en el penal de Pacho Viejo, tras ser vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y luego que la Fiscalía solicitara la medida cautelar.

El poderoso colaborador de Duarte de Ochoa, permanecerá en prisión preventiva por ocho meses; inicialmente la FGE solicitó que la medida fuera de un año mientras la defensa del imputado argumentó que era una medida excesiva. Finalmente la juez de control determinó el plazo de ocho meses.

El ex funcionario acudió este viernes por la mañana a una audiencia  en la sala dos de Juicios Orales del distrito judicial de Xalapa, en el citado penal donde se le sigue curso a su proceso legal por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Sin embargo, al llegar, las autoridad ministerial le leyó la orden de aprehensión girada en su contra la noche del 2 de febrero por el juez Rufo Seechi Ordoñez, fiscal décimo segundo especializado en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. Acto seguido fue detenido.

Bermúdez fue ingresado al servicio médico del penal donde duró más de una hora. De manera oficial la puesta a disposición ante la autoridad fue a las 13:20 horas de este viernes.

El ex titular de la SSP es investigado tras descubrirse que él y su esposa son propietarios de varias residencias valuadas en 2.4 millones de dólares en Woodlands, Texas, situación que lo orilló a renunciar a su cargo el 4 de agosto del 2016 para encabezar su defensa.

Audiencia

A las 05:24 horas, dio por iniciada la audiencia para desahogar el caso que la Fiscalía imputa a Bermúdez Zurita, radicado en la carpeta de investigación 068/2017 por su probable intervención en hechos de enriquecimiento ilícito, durante su encargo como Secretario de Seguridad Pública entre julio de  2011 y agosto de 2016.

La Fiscalía refiere que Bermúdez tuvo un “desproporcionado incremento patrimonial”, al pasar de poseer en 2011 propiedades por 10 millones 851 mil pesos, a bienes con un valor de 42 millones 737 mil pesos hasta agosto de 2016, año en el que dejó el cargo.

La parte acusadora encontró discrepancias entre sus ingresos y sus bienes, puesto que en 2011 Arturo Bermúdez declaró que percibió 498 mil 240 pesos de salario, mientras que a partir de 2012 a 2015 reportó ingresos de entre un millón 520 mil pesos a un millón 685 mil pesos.

Sin embargo, desde 2013 a 2015, empezó a reportar cada año la cantidad extra de 4 millones 275 mil pesos, presuntamente por “honorarios asimilados”, representando entre todo, poco más de 13 millones de pesos.

La FGE refiere que dichos ingresos no sustentan que Arturo Bermúdez tenga a la fecha propiedades con un valor comercial superior a 86 millones de pesos.

“No ha sido justificado por usted que se hayan obtenido de forma legítima”, le indicó la juez de control, Verónica Portilla Suazo.

Posterior a la lectura de los cargos, el ex servidor público y sus siete abogados, acordaron no solicitar el término constitucional para aportar pruebas a su favor y solicitaron que ahí se desahogara el caso. Ante ello la Fiscalía solicitó el auto de vinculación a proceso y la defensa el de la no vinculación.

Al hacer uso de la voz, el ex secretario dijo que “No soy contador” como argumento a sus finanzas “desproporcionadas”, como le imputa la FGE.

Arturo Bermúdez dijo que tiene otros ingresos, además de los que ostentó como servidor público, que la FGE no tomó en cuenta, como el que le reditúa una lavandería.

“No hay dolo, no he cometido delito alguno, por lo menos tengo tres ingresos que el fiscal ha omitido”, dijo.

Agregó que estos están en todas sus declaraciones pero el fiscal solo tomó en cuenta el de servidor público, cuando la SHCP sabe que algunos de sus ingresos son por herencia de su padre, como dos departamentos y tres concesiones.

Bermúdez dijo que tiene sus casas hipotecadas para poder comprar otras propiedades en Estados Unidos y afirmó que 17 millones de pesos de los que posee, son por créditos a 30 años que le han dado los bancos.

“Si acaso hay omisión no fueron con dolo. Yo no soy contador”, se justificó Bermúdez y dijo que el caso es solo “una acción para desacreditarme”, de parte del fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Bermúdez Zurita, de 50 años, fue vinculado a proceso a las 22:00 horas; antes la juez le señaló que el valor de sus propiedades “exceden las cantidades con relación a su salario” y que “no acreditó que los ingresos extras fueran por acciones lícitas”.

Tras enfatizarle que hay pruebas que acreditan que su enriquecimiento fue “de forma desmedida”, la juez le advirtió al ex secretario que violó los principios de honradez, legalidad y profesionalismo de todo servidor público.

También, le informó que su defensa tiene tres días para la apelación de auto y concedió un plazo de cinco meses para la investigación complementaria del caso.

De esta manera la fiscalía pidió que Bermúdez se quedara encerrado por un lapso de un año, ante el riesgo que pudiera evadir a la justicia, acción que en todo momento negó el imputado.

La defensa precisó que en su caso, el ex secretario podría dejar una garantía económica y aceptar la prohibición de salir del país; incluso se ofreció dejar la Visa en manos de la autoridad judicial, lo que fue rechazado.

Teme por su vida

Cabizbajo, Arturo Bermúdez Zurita escuchaba los argumentos de la juez para dictar la prisión preventiva, donde la existencia de propiedades fuera del país, fue considerada como una de las causas más poderosas.

Poco antes de conocer la resolución respecto a su libertad o retención, Bermúdez, señalado por amedrentar periodistas, activistas y hasta ancianos, dijo temer por su vida si lo dejaban en prisión.

Sin titubeos, argumentó que a su paso en la SSP participaron en la detención de decenas de delincuentes, entre ellos miembros del crimen organizado y que en Pacho Viejo está recluido uno de ellos.

Dijo que en su momento, él y su familia recibieron amenazas por lo que existe “un riesgo real e inminente” para su vida dentro del reclusorio.

Sin reparo, aseguró que no se considera “un hombre peligroso para actuar en contra de otra persona”, por lo que debían dejar que su proceso siguiera en libertad.

Sin embargo, nada de esto sirvió, pues a las 23:41 horas del viernes, la juez le dictó la prisión preventiva de ocho meses; finalmente a las 00:07 ingresó de manera formal a Pacho Viejo.