Empresario y político del PAN  tenia toma clandestina de agua en LCH.

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Las Choapas, Ver.

Lázaro Cruz García.

Mientras los partidos políticos hablan y echan rollos de honradez para engañar a la ciudadanía para ganar adeptos y votos, en la práctica y en sus vidas cotidianas hacen otra cosa como es el caso de Serafín Roldan; si el personaje del PAN de Las Choapas que quiere ser candidato a la alcaldía.

La CAEV lo descubrió con una toma clandestina en una de sus propiedades después de que el dueño de la frutería La Providencia que se ubica en el mercado los coquitos Asunción Martínez, reportó hacen un par de días, el motivo por el cual no se tenía agua potable ya que iba bien con sus pagos, el personal administrativo de esta dependencia al checar el registro comprobó que efectivamente no existía adeudos.

Al hacer una inspección ocular en el domicilio de este negocio, detectó una toma clandestina por parte de unos locales que se encuentran en construcción y que pertenecen al conocido empresario y político del Partido Acción Nacional Serafín Roldan.

Esta toma clandestina ocasionaba que la presión de agua no llegara para el negocio de frutas y verduras, el afectado menciona que jamás le pidieron permiso para colocar una “T” en su manguera y que no se vale que sucedan estas cosas porque salen perjudicando a personas que tienen su contrato de agua.

Personal Operativo de la CAEV procedió a desconectar esta toma y fijara una sanción administrativa para el propietario de estos locales, de igual manera se le invitó a que acuda a las oficinas para elaborarle un contrato.

En el artículo XI de la ley de Aguas del estado de Veracruz menciona lo siguiente;

Instalar en forma clandestina conexiones en las instalaciones de las redes, así como ejecutar o consentir que se realice provisional permanentemente derivaciones de agua o drenaje.

Por tal motivo se hacen merecedor a lo que estipule Artículo 149, de la citada ley que dice;

Las fallas a la que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas con multas equivalentes de 500 a 2000 salarios mínimos en el caso de violación a las fracciones XI y XXII.

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