OMAR VÁZQUEZ VALENCIA
Minatitlán. 440 mil pesos es el “diezmo” que la empresa “Diseños y Construcciones Sustentables” cobró a 22 familias que resultaron afectadas con el sismo del 7 de septiembre del 2017, recurso proveniente de la federación como parte de la asistencia social, empresa que resulta ser juez y parte al ser nominada como supervisor de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y los que hoy se niegan a destinar el último recurso de 40 mil pesos a 10 familias que no accedieron a entregar la cimentación del mismo número de hogares a la compañía particular que ahora argumenta “inconsistencias” en la obra.
Roberto González Casimiro, uno de los inconformes recordó que el primer recurso llegó a la colonia Playón Sur en Minatitlán, sustentado bajo180 mil pesos, aunque ante la falta de arreglos con los representantes de “Diseños y Construcciones Sustentables” y a la vez empleados de CONAVI, recibieron la notificación que no se concluirá el último pago de 40 mil pesos para finiquitar los hogares.
Recordó que hace unos días Humberto Espinoza Solórzano, representante de la compañía pero a la vez supervisor de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) advirtió que tendrían que devolver el recurso ya empleado en las nuevas casas.
Los supervisores del CONAVI que fungen como empleados de la constructora, indicaron en su momento a los beneficiados que tenían que contratar sus servicios de manera directa, esto para seguir los lineamientos que marcan las reglas federales.
“Me comentó el señor (Humberto Espinoza Solórzano) qué ya no se me va dar el último cheque por estar incumpliendo en la constitución, prácticamente por no aceptar el contrato que ellos impusieron como compañía”.
Sin embargo, demandaron los hoy doblemente afectados que el plano y proyecto de la empresa constaba de una edificación deficiente y con un margen económico superior al que se podría invertir.
Denunció que Humberto Espinoza es el supervisor de CONAVI, quien verifica la edificación de los hogares beneficiados tras el sismo del 2017, pero a la vez es empleado de la constructora.
“Es juez y parte (Humberto Espinoza), de hecho nos planteó construir la casa, pero el proyecto que trae no es el adecuado para la zona, y de hecho las casas que está haciendo no está cumpliendo con lo estipulado en los planos”, aseveró Roberto González.
Explicó que de entrada ofrecían una zapata individual de un metro de profundidad, señalando que cuando aplicaron dicha acción, la estructura se hundió al tratarse de un área pantanosa.
Por consecuencia tuvieron que cambiar la estrategia como medida urgente, lo que orilló a 10 familias a negarse a trabajar con la empresa constructora.
“De los 180 que nos dieron, se descontaron 20 mil a las 22 familias bajo el argumento de proyectos de licitación de obra lo que creo es un monto elevado”, citó la fuente, tras argumentar que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto pese a las denuncias públicas que han realizado.
Ahora los afectados buscarán las alternativas para encontrar solución a lo que se presumen es un tema de corrupción.
