Xalapa, Ver., 25 de agosto de 2014
Por las buenas prácticas del Gobierno de Veracruz en favor de la infancia, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Isabel María Crowley, consideró que sus programas y acciones deberían replicarse en el país y reconoció que, en Veracruz, estado y sociedad están comprometidos con la niñez.
Este lunes y tras signar el convenio 10 por la Infancia con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Karime Macías Tubilla, aseguró que la firma del documento que impulsa Unicef muestra el compromiso de las autoridades estatales con la infancia.
Tras conocer la política de atención a los menores veracruzanos, la funcionaria se congratuló por las buenas prácticas que el Gobierno del Estado hace en favor de los niños y niñas; “hay que subirlas al ámbito nacional”.
En Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, precisó que el documento es de trascendental importancia para Veracruz, donde hay dos y medio millones de pequeños que representan el 24 por ciento de la población.
Al asegurar que el convenio se traducirá en más beneficios para este sector, en temas como salud, educación, derechos humanos y legales, entre otros, aclaró que invertir en la niñez, “no es para ver resultados inmediatos, pero si no lo hacemos no podremos tener el México Incluyente, en Paz y con responsabilidad global que todos queremos”.
María Crowley destacó que a 24 años del inicio de la Convención de los Derechos de los Niños se han logrado disminuir la desnutrición y la mortalidad, y se ha garantizado la educación básica en gran medida; sin embargo, dijo, aún existen vacíos que impiden el acceso universal y equitativo a niños del mundo a sus derechos, sobre todo a los más vulnerables como migrantes, indígenas y discapacitados.
“México y Veracruz cuentan con una base institucional de recursos sólida para lograr mejorar substancialmente la situación de la infancia y la adolescencia, a fin de disminuir las brechas económicas y sociales que frenan el cumplimiento universal de sus derechos”, concluyó.
