Arturo Bermúdez Zurita será imputado hoy por desaparición forzada, su tercera carpeta de investigación y podría pasar hasta 90 años en la cárcel.

La noche de este miércoles el ex secretario de Seguridad Pública en la era de Javier Duarte de Ochoa fue notificado de la nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por delitos de lesa humanidad.

Esta era una demanda de los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, que criticaron que Bermúdez estuviera siendo procesado por abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Junto a Bermúdez también fue notificado José Oscar Sánchez Tirado preso ya por desaparición forzada, de esta nueva imputación.

Además hay una orden de aprehensión contra José Nabor Nava Holguín, quien sucediera a Arturo Bermúdez tras su renuncia en agosto de 2016. 

Asimismo, se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra del ex Director General de la Fuerza Civil, Roberto Meza, quien también se desempeñara como Comandante de la Fuerza Especial de la Secretaría; en contra del ex Director de Operaciones, José Manuel “N”; del ex Delegado de Seguridad Pública y ex Comandante de la Fuerza de Reacción, Manuel Alejandro “N”; del ex Delegado de la Secretaría y ex Director de la Policía Ministerial de Tamaulipas, Roberto Carlos “N”; así como en contra de 22 elementos operativos de la Dependencia, todos, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.

En el primer caso a nivel nacional que llega ante un Juez bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, les imputa haber formado parte de una estructura organizada de poder encabezada por Arturo “N”, a través de la cual se implementó una política sistemática consistente en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente a personas, misma que fue ejecutada en contra de miembros de la población civil, por lo que se consideran delitos de lesa humanidad.

Asimismo, se señala que Arturo Bermúdez, en su calidad de Secretario de Seguridad Pública, organizó el actuar del aparato de poder a su disposición, para ejecutar y encubrir desapariciones forzadas de personas.

Por estos hechos, la FGE integró la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/011/2017, que fuera iniciada oficiosamente por instrucciones del fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Derivado de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas documentó 124 expedientes relacionados con la desaparición de 202 personas a lo largo del Estado, en las que habrían participado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Bermúdez.

Dentro de ese contexto, se inscriben los casos de 15 personas, quienes fueron privadas de la libertad entre los meses de abril y octubre del año 2013, sin que, a la fecha, se tenga noticia de su paradero, mismas que fueron consecuencia de la ejecución de la política que se ha descrito.

Las privaciones de la libertad de éstas 15 víctimas, fueron ejecutadas sistemáticamente, a través de un modus operandi establecido, con objetivos definidos, con coordinación entre diversas áreas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en cumplimiento de la política institucionalizada dentro del aparato.

Asimismo, fueron reportadas a través de Tarjetas Informativas y Partes de Novedades, a distintos superiores jerárquicos dentro de la estructura de poder que encabezaba Bermúdez Zurita.

Para la ejecución de las desapariciones forzadas de personas que se acreditaron dentro del expediente, intervinieron dos agrupamientos:

El primero de ellos, la Fuerza de Reacción de la División de Policía Estatal que fue creada durante el periodo de Bermúdez como titular de la SSP.

“El agrupamiento Fuerza de Reacción, tuvo como objetivo e instrucción detectar, detener y obtener información de personas que fueran sospechosas de participar con la delincuencia organizada. La obtención de información, se llevaba a cabo mediando tortura e, incluso, en algunos casos, el abuso sexual”, indica el expediente.

Una vez que el agrupamiento Fuerza de Reacción obtenía información, no ponía a disposición de las autoridades competentes a los detenidos, sino que reportaba a sus superiores, quienes en cumplimiento a la política ilegal, en los 15 casos que se acreditan, dieron la instrucción de entregar a los detenidos a la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al mando de Roberto N.

Este segundo grupo, recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policía Estatal, ubicada en el Lencero, donde las torturaba, extraía información y después, las personas desaparecían.