El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, denunció que funcionarios de su antecesor Andrés Granier Melo “desaparecieron” mil 918 millones de pesos que estaban destinados a programas federales de salud, educación, justicia y seguridad pública.
El gobierno de Tabasco detectó a ex funcionarios de la administración del ex mandatario Andrés Rafael Granier Melo que desaparecieron mil 918 millones de pesos de recursos que estaban destinados a programas federales de salud, educación, justicia y seguridad pública, anunció el gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien no dio a conocer los nombres, pero indicó que iniciarán las denuncias correspondientes.
Mencionó que las dependencias federales responsables de las partidas enviadas a Tabasco exigen que se reintegren los recursos a la Tesorería de la Federación, razón por la que instruyó a la Secretaría de la Contraloría del estado a presentar las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, así como dar vista para los efectos legales a Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación.
Núñez Jiménez hizo un corte de las irregularidades encontradas en sus primeros 51 días que lleva al frente del gobierno de Tabasco, en los que detectó que la deuda estatal alcanza los 17 mil 737 millones de pesos, 7 mil millones de pesos superior a lo reportado por el ex mandatario Andrés Granier Melo.
Las participaciones federales de Tabasco comprometidas a 20 años para pagar esa deuda estatal pública son de 24.47% y no de 14.4%, como lo sostenía la administración que terminó el 31 de diciembre pasado.
El responsable del manejo de las finanzas públicas durante los seis años del gobierno de Granier Melo fue José Sáinz Pineda, y se supone era quien autorizaba todos los gastos gubernamentales.
En esa dependencia se registró el robo de documentos oficiales para el respaldo del ejercicio de mil 301 millones de pesos del Capítulo 6000, relativo a infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios relacionadas con la misma.
Arturo Núñez recalcó que queda claro que por la “magnitud y temporalidad, tales irregularidades no pudieron haber sido cometidas” sin el conocimiento del ex gobernador Andrés Granier.
También en la Secretaría de Finanzas manipularon y modificaron el programa de cómputo del Sistema Informático de Gestión Presupuestaria para que dejará de funcionar el 31 de diciembre de 2012, lo que implicó dificultades para cerrar el ejercicio fiscal de ese año y el inicio de 2013.
“Existen responsables, perfectamente identificados, con nombre y apellido, de haber autorizado con su firma las transferencias de los recursos de las cuentas federales a otras cuentas de donde desaparecieron, sin haber realizado las comprobaciones o, en su caso, haber hecho los reintegros necesarios”, reiteró.
Esas cantidades, dijo, fueron indebidamente retiradas de las cuentas donde el gobierno federal las depositó, sin que ese dinero se gastara en los fines previstos y “tampoco se tiene comprobación alguna de a dónde fue a parar, lo que ya de por sí es constitutivo de faltas administrativas y delitos”.
Sostuvo también que la indisciplina presupuestal, la mala administración, la falta de previsión y controles, aunados a la grave y generalizada corrupción de las estructuras de gobierno, “son responsables en alto grado de la actual situación”.
