Ciudad De México.
La Fiscalía General de la República (FGR) se niega investigar por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a los principales operadores de la llamada Estafa Maestra en la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pese a denuncias de testigos y exfuncionarios, así como datos de prueba presentados.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los desvíos en Sagarpa y las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) hacia empresas y operadores políticos del PRI en Zacatecas, habrían alcanzado los mil 500 millones de pesos, particularmente entre 2015 y 2016, cuando se celebraron elecciones para gobernador, que ganó el priista Alejandro Tello Cristerna.
El priista se impuso a David Monreal, de Morena, en una operación impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para impedir que el morenista triunfara y con ello evitar también que se fortalecieran las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.
Nicolás Castañeda Tejeda, uno de los principales operadores de la trama de esos desvíos, hoy es aliado de Morena y se perfila como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a una diputación federal por la vía plurinominal.
Documentos consultados por Proceso revelan que en cuatro días la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alfredo Higuera Bernal, declinó la competencia para admitir la denuncia presentada el 16 de octubre contra exfuncionarios de Sagarpa y de las universidades públicas zacatecanas involucrados en la operación.
La resolución tomada por la SEIDO el pasado 20 de octubre contrasta con las determinaciones ministeriales de esa misma subprocuraduría que, en el caso de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, logró presentar la acusación penal ante un juez de control que resolvió girar una orden contra la inculpada por delincuencia organizada y lavado de dinero.
César Ambriz Puente –abogado de Román Márquez, uno de los testigos del caso, y del exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), Salvador Lara Martínez, imputado por la presunta firma de algunos convenios que forman parte de la Estafa Maestra– afirma que el Ministerio Público Federal Sergio Daniel Callejas Santos también se ha negado a investigar a los operadores de los presuntos desvíos en Sagarpa.
El litigante agrega que este tipo de resoluciones se contraponen de forma directa con la resolución que tomó la SEIDO en el caso de Robles Berlanga, ya que la carpeta de investigación sobre la Estafa Maestra en Sedesol y Sedatu derivó en una orden de aprehensión contra 11 involucrados en el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, incluyéndola a ella, así como al exsubsecretario de Sedatu Enrique González Tiburcio y al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez.
