Esta es la situación legal del exgobernador de Veracruz previo a su próxima audiencia
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de ocho años en prisión por una sentencia emitida en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, último procedimiento penal que tiene en su contra, por lo que podría salir antes de prisión.
La solicitud se hizo oficial durante una audiencia celebrada el lunes ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en el que la defensa del exgobernador presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en su contra.
Durante la audiencia, que inició a las 10 de la mañana y terminó pasada las 18:00 horas, la jueza federal especificó que Javier Duarte enfrentaba otra causa penal en el ámbito federal, por un delito electoral, así como tres causas del fuero común en Veracruz por diversos delitos, mismas que ya fueron dejadas sin efecto.
El exgobernador de Veracruz cumple sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
¿Cuál es su panorama procesal? El exgobernador, quien ingresó a prisión en 2017 después de ser detenido en Guatemala y extraditado a México, está recluido actualmente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La sentencia que pesa sobre el exmandatario es de nueve años de prisión por delitos resultado de procesos que incluyeron procedimientos abreviados y resoluciones federales que confirmaron la condena.
Esa pena, según cómputos oficiales, indica un posible fin de ejecución en 2026 si no se adicionan más sentencias ni se conceden beneficios. Sin embargo, eso puede cambiar.
Un factor determinante que modificó la evaluación pública y jurídica de su caso fue el proceso por presunta desaparición forzada que se le atribuyó, pero del que fue absuelto en noviembre de 2024.
Los hechos: el policía David, quien en enero de 2016 fue citado para exámenes de control y confianza, después fue hallado muerto, junto con otros 17, en el municipio de Emiliano Zapata.
De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, el exmandatario ordenó reportar el hallazgo de solo seis cuerpos en lugar de 18, en un delito de desaparición forzada en modalidad de entorpecer la investigación. Autoridades judiciales decidieron posteriormente la desestimación de esa causa, al considerar inválidas o insuficientes pruebas clave para sostenerla en juicio.
A solo unos días de concluir su mandato, el 12 de octubre de 2016, pidió licencia al cargo y se mantuvo prófugo hasta 2017, cuando fue detenido en Guatemala con apoyo de Interpol. La Procuraduría General de la República solicitó su extradición y él aceptó en julio del mismo año, lo cual marcó su llegada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Un año después, en 2018, se le dictó una condena de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, luego de que aceptó un procedimiento abreviado. Para 2020, un tribunal federal confirmó la condena y su defensa comenzó a solicitar revisión de cómputo de pena.
En noviembre de 2022 fue vinculado a proceso por la presunta desaparición forzada del exagente policiaco, y en noviembre de 2023, se le amplió un año más la prisión preventiva. Para noviembre de 2024, un juez sobresee el caso de desaparición forzada por falta de pruebas válidas.
