El delito por el que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, emitió a una orden de aprehensión contra Karime “N”, esposa del exgobernador de la entidad, se trata de daño patrimonial en contra de la dependencia a su cargo, durante el mandato de su marido.
El licenciado en derecho, Vicente Octavio Pozos Marín, detalló en que consiste, este ilícito.
“Es precisamente el agravio de utilizar dinero del erario público, como es el DIF Estatal del estado de Veracruz y efectivamente hacer un mal uso del mismo y sobre todo hacer simulaciones de compra – venta de diferentes artículos que son utilizados, precisamente para el DIF Estatal, hay que hacer mención que estaba bajo su cargo”, expresó.
Agrego que además del daño patrimonial, podría imputársele uno más: “Si bien es cierto, hay presunción de inocencia y la Fiscalía debe probar esta parte, de donde se está cometiendo se ilícito, pero también lo es que consideramos, de acuerdo a la poca información, en este caso, la entrevista que dio el fiscal general del estado, en donde señala que ese dinero se utiliza en donde se prefabrican diferentes empresas que se le denominan fantasmas, entonces habla de seis”, dijo.
Al no estar considerado como un delito grave, el proceso por daño patrimonial podría llevarlo en libertad, sin embargo, el delito que podría resultar de las “empresas fantasma”, es el que complicaría aún más su situación.
“Ahí es algo bien interesante porque, primero que nada, hay que hacer notar que en el artículo 19, en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, habla precisamente de los delitos graves y en este aspecto de delitos graves, el daño patrimonial para el DIF, no está contemplado como delito grave, entonces en ese sentido, aquí es interesante hacerlo notar”, dijo Pozos Marín.
Continuó: “Pero haciendo el estudio con la poca información que tenemos, nos damos cuenta que se está señalando a estas empresas, que acabo de mencionar y puede entrar la delincuencia organizada y ahí, si es un delito grave, a pesar de que en un determinado momento, la defensa de esta señora, puedan hacer la reparación del daño de los 112 millones de pesos en agravio del DIF, también lo es, si se le hace la imputación de delincuencia organizada por esa empresas… entonces, así entraría la delincuencia organizada y es un delito grave”.
Recalcó que derivado de su análisis a las declaraciones del fiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz, el delito de daño patrimonial, sería solo el inicio de un complicado proceso legal.
“Si bien es cierto, no se está señalando pero al hacer un pequeño estudio de la propia entrevista que da el fiscal general, suponemos que va a meter delincuencia organizada, entonces no alcanza el beneficio de hacer la reparación del daño y llevar su defensa en libertad”, concluyó.
