Ciudad de México. El decreto para lograr el control gubernamental del tramo ferroviario Medias Aguas-Coatzacoalcos pretende recuperar la concesión para la nación, lo cual dista de ser una expropiación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se adoptó ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Grupo México, que cambió su postura de buscar un arreglo a exigir un pago de 9 mil 500 millones de pesos.
Desvinculó el desencuentro en torno al tren con la operación de compra de Citibanamex, en la cual Grupo México es el principal postor. “No hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea. Ojalá y comprendan, no sólo esta empresa, sino otros empresarios, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente”.
López Obrador subrayó que el control gubernamental y la entrada de efectivos de la Secretaría de Marina tendrán carácter temporal en función “de la actitud de la empresa”. Precisó que los trenes de Grupo México siguen entrando sin problema, “les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación”, y la presencia militar es para evitar que haya un sabotaje y se les responsabilice.
Ante las críticas contra su decisión a partir de publicar el decreto el pasado viernes, aseveró que no se trata de una expropiación. “Porque dicen: ‘Se expropió’. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”.
Mostró mapas de las obras ferroviarias de su gobierno en el sureste que conectan al Tren Maya con el Transístmico y su ramal hasta la frontera sur, subrayando el carácter estratégico que tienen para canalizar inversiones a esa región. Es un área donde el activismo legal de grupos opositores se ha intensificado: “Tenemos información de que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno y no pudiésemos inaugurar en diciembre el Tren Maya”.
Recordó que hace décadas, el trayecto del tren del Istmo se consideraba un asunto de seguridad nacional, lo cual se modificó en este tramo que opera Ferrosur (propiedad de Grupo México). Al cancelarles un decreto (la Suprema Corte de Justicia) se abría la posibilidad de detener labores, por lo que se declaró la región como de seguridad nacional.
