Roma, Ita.
El estallido de un nuevo gran escándalo de pederastia en Italia, que iba a afectar a la los Legionarios de Cristo –ya duramente golpeados por los abusos de su fundador, Marcial Maciel–, era un peligro para la organización ultraconservadora mexicana, no sólo porque añadía una raya al tigre, sino porque al ocurrir esos hechos, entre 2013 y 2014, estaba llegando a su fin el mandato del entonces comisario por El Vaticano, Velasio de Paolis (ya muerto), encargado de botar los trapos sucios que se habían acumulado durante décadas en aquella congregación y dar una vida nueva a los legionarios.
Era un momento delícadisimo y por ello había que actuar no para ayudar a las víctimas, sino para evitar que el caso viera la luz.
Es esta la reconstrucción de los hechos realizada por la defensa de los damnificados –un menor italo-español víctima de abuso y su familia de origen humilde–, que presuntamente llevaron a que cuatro integrantes, entre ellos ciudadanos mexicanos, y representantes de la alta jerarquía de los Legionarios de Cristo, junto con un abogado vinculado al grupo, intentaran acallar el siniestro caso del excura Vladimir Reséndiz Gutiérrez, hoy condenado por pederastia con una sentencia definitiva. Este veredicto, emitido el 23 de julio del año pasado por la Tercera Sección Penal del Tribunal de la Casación de Italia, se añadió así a la condena canónica que en 2013 redujo Reséndiz al estado laical.
Los cinco imputados, como decidió esta semana la juez Patrizia Nobile, del tribunal de Milán –que informó en primicia Proceso–, irán a juicio en Milán el próximo 13 de mayo, acusados de intento de extorsión, presuntamente por haber propuesto a la víctima y a su familia dos acuerdos de confidencialidad mediante los cuales los acusados pedían, a cambio de una suma mínima de dinero –apenas 15 mil euros–, mantener el silencio sobre los abusos que Reséndiz cometió entre 2006 y 2008 cuando era responsable de disciplina en el seminario legionario en Gozzano, Italia.
Otro duro golpe que pone en entredicho directamente a los Legionarios de Cristo y su proceso de reestructuración tras los escándalos de su fundador: nunca antes ninguna víctima logró sentar en el banquillo de los acusados de un juzgado italiano a directivos del grupo por su gestión de un caso de abuso en años –aquí otra clave– tan cercanos.
Los imputados, además, no son simples peones de los Legionarios de Cristo.
Entre ellos está el mexicano Óscar Náder Kuri, quien en 2010 sustituyó al poderoso Luis Garza como director territorial en Italia, un cargo que ocupó hasta 2014. Según información de la organización, Náder Kuri, quien entre 1980 y 2010 fue formador del Centro de Estudios Superiores en Roma, es desde 2016 superior de la casa de apostolado de San Pedro y también colaboraría como auxiliar de la sección de señoras de San Pedro, en México.
También integran la lista Manuel Cordero Arjona y el sacerdote y psicólogo Víctor de Luna, quien hoy es capellán de Courage Italia, un grupo acusado en este país de querer “curar” a los homosexuales.
Además de ellos irán a juicio el abogado Corrado D’Agostino y el prelado Luca Gallizia, quien era muy cercano al padre de la víctima y quien habría sido quien materialmente le entregó el acuerdo a la familia, según la reconstrucción de la defensa.
La acusación contra todos ellos se presenta muy sólida. Se basa en gran parte en una investigación muy rigurosa conducida por la policía italiana –una unidad de Milán–, que produjo centenares de páginas de pruebas documentales, declaraciones de testigos, correos electrónicos interceptados e incautados, e incluso escuchas telefónicas de conversaciones entre los acusados, otros miembros de los Legionarios e integrantes de otras instituciones católicas, desde 2011 hasta 2014.
Las pruebas, en parte, ya han sido usadas para obtener las condenas en Italia de Reséndiz Gutiérrez en primera instancia, en segunda instancia, y luego la sentencia definitiva del Tribunal de Casación italiano, que estableció que la versión de la víctima es creíble, como consta en el documento de este juzgado al que Proceso pudo acceder.
Todo ello demostraría, en lo que concierne el procedimiento más reciente, no sólo la intencionalidad en llevar adelante un encubrimiento prohibido por la ley italiana (ninguna transacción entre privados puede conllevar a la comisión de delitos) y haber intentado desviar las investigaciones de las autoridades, sino también que la trama se habría llevado adelante desoyendo voces críticas externas e internas a los Legionarios (algunas de los cuales luego abandonaron la organización), y sin informar previamente o pedir la autorización del entonces comisario De Paolis.
Este último, de hecho, sólo habría conocido la noticia tras ser contactado por la madre de la víctima, Yolanda Martínez, a quien el prelado vaticano finalmente habría recomendado no firmar los pactos propuestos. Algo que, de hecho, la familia nunca hizo.
Algunos documentos incluso revelarían el sistema y las tácticas empleadas por el grupo, que habría llegado a discutir sobre la idoneidad del monto ofrecido, así como mensajes de denuncia de exlegionarios que alertaron sobre la situación meses antes de la primera denuncia formal presentada a la comisaría de Porta Ticinese (Milán) por un sacerdote y terapeuta que conoció los hechos en una conversación con la víctima –que había intentado suicidarse– y que decidió acudir a las autoridades.
Y más aún: también habría pruebas de intercambios en las que, pocos días antes de que se entregase el primer acuerdo de confidencialidad en octubre de 2013, se refería de sacerdotes (ajenos a la organización) de Milán que habían desaconsejado seguir ese camino, y del estupor y la molestia de otro directivo alemán de los Legionarios de Cristo al enterarse de que se había pedido firmar algo que no era verdad.
