De esta manera la administración municipal perredista pasada quedó absuelta de cualquier acción judicial en su contra por parte del ORFIS.
Lázaro Cruz García
Xalapa, Veracruz.- pese a todas las trabas y extravíos de documentos oficiales por parte de la presente administración municipal que encabeza Omar Ricardez Chong después de la entrega recepcion a la administración saliente, el ORFIS publicó en su página que los ediles de la administración municipal pasada Cosme Monroy, Antonio Gómez Cisneros y Efraín Pimienta Morales, así como el tesorero municipal Hernán González Hernández, solventaron el presunto daño patrimonial que se había detectado.
Mientras tanto el ORFIS interpuso 14 denuncias penales a igual número de entes fiscalizables por no haber podido solventar un daño patrimonial por un total de 390 millones 185 mil 399.68 pesos, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quedando fuera 10 municipios entre ellos Moloacán.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del estado, informó que las denuncias son en contra de quienes resulten responsables del daño patrimonial que se señala. Asimismo, dijo que las denuncias van dirigidas contra 13 ayuntamientos y un fideicomiso público, mismos que son José Azueta, Tezonapa, Cerro Azul, Yanga, Altotonga, Alvarado, Vega de Alatorre, Zentla, Xico, Cosautlán de Carvajal, Lerdo de Tejada, Pajapan y Tlacojalpan, que suman un daño patrimonial total de 111 millones 553 mil 674.78 pesos; en tanto, el fideicomiso Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no pudo comprobar 251 millones 639 mil 758.06 pesos.
Indicó que al cumplirse todas las fases de solventación, incluidos la de los recursos de reconsideración y de nulidad, los entes observados no pudieron comprobar el daño patrimonial detectado en la cuenta pública de 2013 y que por ello ahora la Fiscalía General del Estado deberá integrar las carpetas de investigación y solicitar al juez las órdenes de aprehensión.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez informó que dentro del plazo previsto por el artículo 42 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, a partir del 6 y hasta el 13 de agosto del año en curso, el ORFIS procedió a emitir las resoluciones en los recursos de reconsideración tramitados por los servidores y ex servidores públicos de los entes fiscalizables en los que se determinó daño patrimonial, durante la segunda fase de la fiscalización superior, estando a la fecha debidamente notificadas las correspondientes resoluciones.
Indicó que en 10 de las mencionadas resoluciones se determinó la existencia de daño patrimonial en contra de las haciendas municipales de Xico con 40 millones 251 mil 373.93 pesos; Yanga, 16 millones, 98 mil 889.55 pesos; Tezonapa, 12 millones 362 mil 587.18 pesos; Cerro Azul 10 millones, 916 mil 910.02 pesos; Zentla, 11 millones 62 mil 335 pesos; José Azueta, 7 millones 220 mil 756.18 pesos; Alvarado, 7 millones 45 mil 643.39 pesos; Cosautlán, 4 millones 928 mil 40.46 pesos; Vega de Alatorre, 868 mil 994.07 pesos; y Altotonga 798 mil 145 pesos para un total de 111 millones 553 mil 674.78 pesos.
Asimismo, señaló que en el Fideicomiso Túnel Sumergido de Coatzacoalcos se determinó un daño patrimonial de 251 millones 639 mil 758.06 pesos después del trámite del recurso de reconsideración.
Refirió que a partir de la notificación respectiva, los servidores y ex servidores públicos a los que se les haya determinado responsabilidad; y en consecuencia el resarcimiento del daño y la imposición de la sanción económica, podrán interponer en contra de dicha resolución el juicio de nulidad ante la sala regional respectiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del término previsto por el artículo 292 del Código de Procedimientos Administrativos para el estado.
Expresó que en tres casos, la resolución dictada por el procedimiento para la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, los ex servidores públicos involucrados no interpusieron el correspondiente recurso de reconsideración, sino que demandaron la nulidad de la misma ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través del juicio de nulidad, los cuales se encuentran en proceso. Estos tres casos son los siguientes: Lerdo de Tejada, 25 millones 256 mil 994.48 pesos; Pajapan, un millón 461 mil 495.70 pesos; y Tlacojalpan 273 mil 476.66 pesos para un total de 26 millones 991 mil 966.84 pesos.
El funcionario informó también que 10 entes municipales lograron solventar el presunto daño patrimonial que les fue determinado, los cuales son Mecatlán, Acultzingo, Ixhuatlán del Sureste, Tlalixcoyan, Moloacán, Chiconamel, Tempoal, Castillo de Teayo, Tlilapan y Hueyapan de Ocampo.
