México cuenta con la legislación suficiente para hacer frente a la violencia hacia las mujeres; sin embargo, no se tiene una política pública, ni recursos económicos y humanos para erradicar la violencia de género, coincidieron expertas en la materia.
Consideraron que cerca de 40% de los feminicidios se pudo prevenir si las autoridades hubieran atendido las llamadas o denuncias de las mujeres víctimas de cualquier violencia, ya que muchas de ellas sólo se quedaron como un reporte policial y ni siquiera se abrió una carpeta de investigación.
Entrevistada por El Economista, la abogada y defensora de derechos humanos Patricia Olamendi recordó que tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y distintos mandatos de protección a determinados grupos, existen medidas para proteger la integridad niñas y mujeres víctimas de agresiones.
Lo más grave es que las autoridades no entienden que el feminicidio se anuncia a través de este tipo de denuncias de violencia. Cuando las mujeres acuden a pedir apoyo por la violencia que están sufriendo en los hogares, el no atenderlas, que lamentablemente es el común denominador, no se prevé que eso se puede convertir en un delito mayor, dijo la especialista.
La también integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el tema de la discriminación agregó que es necesario plantear una política pública que cuente con los recursos suficientes para atender las denuncias correctamente y ayudar a las víctimas a salir de los espacios de violencia.
Hay muchas estrategias en países de América Latina en donde tienen comisarías para la mujer, juzgados especializados para la atención de la violencia contra las mujeres y salas en tribunales especializados, si eso lo pueden lograr países como El Salvador o Guatemala, no entiendo por qué en México siendo un país tan fuerte económicamente no podemos construir algo similar cuestionó.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, expresó que desde hace años, la atención que se ha dado a la violencia contra las mujeres además de ser limitada, no considera las distintas necesidades.
Ha sido muy endeble y raquítica en el aspecto de que no tenemos hoy un programa tangible y una política de Estado que garantice la seguridad integral y protección de la mujeres, porque hablar de protección integral nos referimos al ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanas; que incluye derechos educativos, laborales, de vivienda, económicos, entre otros. Hoy, eso no existe, destacó.
La especialista en el tema consideró que si bien desde el Poder Legislativo se han planteado distintas propuestas para el combate a la violencia contra mujeres y niñas, indicó que algunas son asiladas y sin tomar en cuenta la voz de la sociedad civil.
Éste no es un tema de partidos políticos, ni de colores, es un tema de derechos humanos, acceso a la justicia a la seguridad y a la protección integral, expresó.
Respecto a los espacios que brindan atención a las niñas y mujeres víctimas de violencia, Figueroa Morales detalló que un censo realizado en enero de este año por la RNR se contabilizaron 83 albergues, refugios y casas de emergencia para las mujeres en el país, mientras que esa organización contempla e integra 67 espacios de prevención, atención y protección distribuidos en 20 estados de la República, los cuales atienden a 25,000 mujeres al año.
