Por El Bicho Politicón
¿Quién no quiere ver en la cárcel a Javier Duarte (a) Javier “N”?, la respuesta parecería una obviedad, TODOS, pues resulta que no, parece que para la PGR no es tan importante mantenerlo en la cárcel, para ello mandó a sus tres fiscales más idiotas, resultado: los abogados del trácala exgobernador se dieron un festín.
De eso todo mundo nos enteramos, pero a lo que me quiero referir hay aquí es a las recientes declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes al tenor siguiente “Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte, de las mismas, se desprenden elementos probatorios, que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos.
Los videos que aportaré son prueba lícita, porque yo los grabé y yo los aportaré. Aquí están, en este disco duro, que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba lícita”, agregó.
Cuando escuché las declaraciones autoinculpatorias del gobernador mis ojos no daban crédito a lo que oían mis oídos, pregunto ¿quién le dio legalidad a esas grabaciones?, ¿él? Hasta donde sé de derecho, un juez tiene que autorizar cualquier tipo de grabación, si no es así, no son prueba más que del delito de espionaje ilícito por parte de Yunes.
Rodrigo Rivera, especialista en derecho procesal lo explica mejor que yo: “A veces las personas creen que tienen pruebas en videos, pero hay que revisar si están dentro de la legalidad, si no han sido impugnadas, si son fieles, es decir, si tienen autenticidad. Si el imputado impugna porque una prueba ha sido obtenida sin el debido proceso, y se comprueba que así fue, la prueba no tendrá validez. En los casos de espionaje telefónico o a través de video solo pueden ser legales, si fueron ordenados judicialmente”.
Ya le digo, están haciendo todo lo judicialmente posible para que el sátrapa salga libre.
Por otro lado, cuidado con el siniestro filmador Yunes.
Pues eso.
