Luego de que el juez de Audiencia español resolvió que Emilio Lozoya deberá esperar en prisión preventiva la conclusión del juicio de extradición para que se le juzgue en México por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es momento de revisar a fondo el esquema que sistemáticamente permite que se den casos como el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así lo expresó el que fue consejero independiente de la estatal, Fluvio Ruiz Alarcón, quien explicó a El Economista que, para que la detención y posible sanción legal de Emilio Lozoya tenga verdaderos efectos positivos para el país, se requiere de una reingeniería integral en la toma de decisiones de la empresa, porque de lo contrario se castigará a un funcionario, pero el esquema de opacidad y manejos corruptos derivados de la necesidad de eficientar a una empresa altamente regulada continuarán.
“No se trata de cambiar la cantidad de regulación que tiene Pemex sino la calidad de ésta”, aseguró, “es un cambio que se debe iniciar desde el Congreso, en las leyes que rigen la forma en que Pemex hace negocios, y seguir con la relación entre filiales, con el gobierno y la forma en que rinde cuentas a la población”.
Por ejemplo, a partir de las modificaciones legales derivadas de la reforma energética, los consejeros independientes de Pemex no tienen siquiera la obligación de comparecer ante el Congreso, como lo hacen —aunque las decisiones de nombramientos ya hayan sido tomadas— los comisionados de los reguladores energéticos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), detalló el especialista.
Estos organismos tienen la obligación de transmitir en vivo las sesiones de sus órganos de gobierno, lo que permite a la población conocer no sólo las decisiones que se toman, sino cómo se llega a esos acuerdos.
La difusión en tiempo real de muchos procedimientos de Pemex podría difundirse en tiempo real, al tratarse de un organismo público. “Por lo menos en mi experiencia en el consejo de Pemex yo te aseguro que 95% de lo que se discutía no habría tenido ningún problema en que se transmitiera en ese momento. Hay negociaciones estratégicas que no se deben dar a conocer a la competencia, pero son muy pocas”, explicó Ruiz Alarcón.
En cambio, el área de difusión de Pemex no emite siquiera las actas de cada sesión de su consejo, o las pública meses después. Esto ocurre en la actual administración, pero es la misma práctica que se seguía en la gestión de Emilio Lozoya, y previamente, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Ruiz Alarcón fue consejero.
Burocracia y carga regulatoria
Pemex tiene tal carga regulatoria que la hace poco eficiente en un mercado competitivo, e incentiva a que sus administradores tomen decisiones alternas que en principio parecen la mejor solución, pero que se realizan con opacidad y por el volumen de recursos que se manejan, por su repetición, concluyen en actos de corrupción.
Tal es el caso de las adjudicaciones directas para la construcción de la refinería de Dos Bocas en esta administración: continuar con los candados a los que se somete a Pemex llevaría a costos más elevados y procesos más lentos, así que el gobierno toma decisiones que da a conocer a la población posteriormente, y se brinca obligaciones que lo retrasarían, mismas que siembran sospechas sobre la legitimidad de los actos de los funcionarios.
Para resumir, diría que el objetivo de la revisión legal sería que la posibilidad de la comisión de un delito dependa menos en la calidad ética del funcionario y más de la idoneidad del diseño institucional, aseveró Fluvio Ruiz Alarcón.
