Associated Press | 2013-10-07
Houston— La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación presentada por un condenado a muerte en Texas programado para ser ejecutado esta semana por asesinar hace 15 años a sus padres.
Se tiene previsto que Michael Yowell, de 43 años, reciba este miércoles una inyección letal en Huntsville. Los abogados argumentaron infructuosamente la ineficiencia de la ayuda legal que se otorgó a Yowell durante su proceso y las primeras apelaciones sobre su fallo de culpabilidad y sentencia de muerte.
Yowell fue declarado culpable y condenado por los homicidios de su padre, John, de 55 años, y su madre, Carol, de 53, cuyos cuerpos fueron descubiertos en los escombros de su casa tras una explosión y un incendio ocurridos en mayo de 1998. La mujer había sido estrangulada y el hombre baleado.
Durante la explosión y el incendio la abuela de Yowell, de 89 años, sufrió lesiones serias, falleciendo dos semanas después.
Yowell confesó los asesinatos, diciendo que necesitaba dinero para los 200 dólares diarios que gastaba en drogas. Los fiscales sostuvieron que mató a sus padres, abrió una válvula de gas natural y huyó del domicilio. Eventualmente la casa explotó.
Los abogados intentaron asimismo suspender la inyección letal a través de una demanda civil en la que se mencionan Yowell y otros dos presos condenados a muerte.
Una juez federal rechazó el sábado la demanda en Houston, mientras que el lunes una abogada del caso dijo que apelaría ante el Tribunal de Apelaciones del V Circuito Federal.
Los internos impugnaban el uso en las ejecuciones que el estado hace de pentobarbital obtenido de una farmacia de preparación especial que no está sujeta a las inspecciones federales regulares, argumentando que el fármaco “añade un riesgo inaceptable de dolor, sufrimiento y daño”.
El Departamento de Justicia Penal de Texas ha recurrido a una farmacia de fórmulas magistrales, que preparan medicamentos para casos específicos, debido a que el mes pasado se agotó su dotación del sedante. Varias empresas se han negado a vender sus productos para que se empleen en ejecuciones o han cedido a la presión de los opositores a la pena capital, lo cual ha generado escasez en los estados con pena de muerte y ha obligado a las entidades a cambiar de fármacos letales o recurrir a farmacias que preparan sobre pedido.
“Nuestro argumento básico es que nosotros, el público, tenemos que preocuparnos por la transparencia y rendición de cuentas en una dependencia estatal que está llevando a cabo la tarea más seria de todas”, dijo el lunes una abogada de los internos, Maurie Levin.
“Quizá a los texanos no les guste que los condenados a muerte exijan procesos constitucionales… pero si no vigilamos su implementación aquí, simplemente porque no nos agrada el demandante, ¿entonces cuál será el siguiente lugar’”
Los documentos procesales en la demanda indicaban que el propietario de la farmacia especial que constituye la fuente de la dotación del pentobarbital recién adquirido por la instancia está solicitando que los fármacos sean devueltos, diciendo que el estado lo puso “en medio de una tormenta” conformada por la demanda de los reos, los cuestionamientos de la prensa y correspondencia y mensajes de rencor.
Los abogados estatales señalaron que los funcionarios carcelarios no hicieron nada indebido.
“Los argumentos de Yowell intentan crear polémica donde no existe ninguna”, dijo Edward Marshall, subprocurador general de Texas.
Las drogas fueron adquiridas legalmente y la dependencia “no tiene intenciones de regresar el pentobarbital”, manifestó el lunes el vocero del penal, Jason Clark.
Durante la decisión que tomó el sábado, la juez federal de distrito Lynn Hughes, dijo que Texas “no estaba obligado a devolver los fármacos”, que la evidencia en torno a crueldad por parte de la droga era débil y que los funcionarios carcelarios estatales no habían mantenido el proceso de ejecución en el hermetismo.
