CDMX.
Este lunes se presentó la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El caso es contra Tridonex, empresa de autopartes establecida en Matamoros, Tamaulipas, con matriz en Filadelfia (Cardone), Estados Unidos, y controlada por un grupo canadiense.
La AFL-CIO, el SEIU, el SNITIS y Public Citizen anunciaron la presentación de su primer caso laboral conforme al “Mecanismo de Respuesta Rápida” del T-MEC (USMCA) bajo la premisa de que se negó una representación sindical independiente.
En ese sentido, informó que este es el primer caso que pondrá a prueba si las reformas laborales de México y el Mecanismo de Respuesta Rápida contenido en el T-MEC pueden responderles a los trabajadores mexicanos a quienes se les haya negado su derecho fundamental de organizarse sindicalmente y negociar mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.
Por consiguiente, el gobierno estadounidense tendrá 30 días para determinar si el caso tiene mérito. De ser así, se tendría que acordar una solución con Estados Unidos en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
En caso de que no se llegue a solución, el panel establecido podría imponer multas o aranceles a la planta investigada si considera que hay una denegación de derechos laborales.
El presidente de la ALFL-CIO, Richard Trumka, expresó que durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS —el sindicato mexicano independiente de su elección—, para que éste sustituya a un sindicato corrupto “de protección patronal”.
Su abogada, Susana Prieto Terrazas, atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales luego de que el Gobernador de Tamaulipas quien se opone a la reforma laboral la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de Covid-19. Prieto fue liberada únicamente después de aceptar un exilio interno en otro estado mexicano, junto con la prohibición de comparecer en tribunales de asuntos laborales, dijo Trumka.
El T-MEC exige que México ponga fin al reino de los sindicatos de protección patronal y a sus tratos corruptos con los empleadores indicó el presidente de la AFL-CIO. El constante acoso a Susana Prieto y a los afiliados y afiliadas al SNITIS es una violación ejemplar a las leyes laborales que México ha prometido hacer valer”, destacó.
Los trabajadores de Tridonex, una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia, fabrican partes automotrices, de las cuales una importante porción es para el mercado de EU ,Tridonex les ha negado a los obreros su demanda legal para que deje de deducirles sus cuotas y de transferirlas al sindicato de protección patronal. La empresa ha despedido a más de 600 partidarios del sindicato independiente, el SNITIS, que se formó después de que las protestas de los obreros en 2019 forzaron a las maquiladoras de Matamoros a aumentar los salarios.
“Los trabajadores de Tridonex están sufriendo los abusos de un líder sindical corrupto y criminal, el cual es protegido por la empresa para que ésta pueda seguir dando sueldos y condiciones de trabajo precarios. Todo esto se hace a través de opresores que acosan, intimidan y golpean a los trabajadores, con el consentimiento y la protección del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Estamos luchando para que nunca nadie tenga miedo de elegir libremente al sindicato que desee que le represente, y para hacer historia poniendo fin a varias generaciones de esclavitud moderna”, señaló Prieto.
Este mecanismo es una respuesta a las preocupaciones en Estados Unidos sobre las condiciones laborales en México.
Asimismo, es un reflejo del acercamiento que la administración del presidente Donald Trump tuvo sobre el comercio, con mayor disposición de incluir medidas sin precedentes y dirigidas a asegurar que las prescripciones en el acuerdo sean ejecutables, incluyendo la posibilidad de la imposición de sanciones.
El mecanismo de respuesta rápida se aplicará en sectores prioritarios, que se definieron como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.
Este mecanismo proporciona una investigación de panel independiente en “instalaciones cubiertas” por sospecha de negación del derecho de libre asociación y negociación colectiva.
Para los Estados Unidos, las instalaciones cubiertas estarían limitadas a aquellas que previamente se ha comprobado que han violado la ley en los Estados Unidos.
Para México, un reclamo solo puede presentarse con respecto a una supuesta violación de los derechos de los trabajadores bajo los compromisos de reforma laboral de México estipulados en el T-MEC.
Las violaciones podrían resultar en la suspensión de aranceles preferenciales o posibles sanciones sobre los bienes fabricados por la instalación cubierta.
