En el filo del cierre del período y en sesión maratónica, que se prolongó por más de 16 horas, el Senado de la República aprobó hoy la nueva Ley de Seguridad Interior, que legaliza la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
En lo que fue la última sesión del penúltimo período de la legislatura, el PRI logró la mayoría necesaria, con el apoyo de los senadores del PAN afines al ex presidente Felipe Calderón, para avalar la cuestionada ley.
Participaron 76 oradores en el debate, que inició antes de las 3 de la tarde del jueves y concluyó después de las seis de la mañana de este viernes. Una constante fue el reclamo repetido de parte de los legisladores del PAN y de las bancadas completas del PT, Morena y del PRD de que se escucharan las observaciones de la ONU, la OEA, otros organismos internacionales, del Parlamento Europeo, universidades y expertos, sobre los riesgos de aprobar esa Ley de Seguridad Interior.
“Lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al diablo a las instituciones internacionales, mandar al diablo a la ONU, a la OEA, y mandar al diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió el senador del PT Morena, Mario Delgado, quién presentó testimonios de violaciones graves a garantías constitucionales cometidas por militares.
“Ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad y va a seguir exponiendo al Ejército mexicano a estas violaciones de derechos humanos, recalcó.
“Qué lamentable, qué terrible, que este Gobierno termine de esta manera, con la aprobación de una ley que militariza el país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social”, expuso a su vez el vicecoordinador del PT Morena, Miguel Barbosa.
Ocho senadores del PT Morena y del PRD, así como uno del PAN presentaron reservas a todo el articulado, que fueran rechazadas, sin discusión.
La minuta fue aprobada en lo general y lo particular, con 71 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, a las seis de la mañana con 12 minutos.
Se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Además, las Fuerzas Federales y las Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
Una vez que el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior fue devuelto a la Cámara de Diputados con al menos una decena de modificaciones, se prevé que en San Lázaro se sesione este viernes para que allanen a los cambios y con ello sea enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
