CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento que busca reconfigurar el mapa legislativo y financiero del país, la Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto, que ya fue turnado a comisiones, plantea una cirugía profunda a 11 artículos de la Constitución bajo las premisas de austeridad y el combate a las “cuotas partidistas”.
El fin de los senadores “de lista”
El punto medular de la reforma es el adelgazamiento del Congreso de la Unión. La propuesta confirma la intención del Ejecutivo de reducir la Cámara de Senadores de 128 a 96 integrantes.
Esta medida implica la desaparición total de los 32 senadores de representación proporcional (plurinominales) que actualmente son elegidos mediante una lista nacional. Con ello, el Senado recuperaría una integración puramente estatal, eliminando los espacios que tradicionalmente las dirigencias de los partidos asignan a sus cuadros estratégicos.
Sacudida a las diputaciones y al financiamiento
En cuanto a la Cámara de Diputados, aunque se mantienen los 500 escaños, la iniciativa busca transformar la elección de los 200 legisladores plurinominales. El objetivo declarado es evitar que estas posiciones sean “resultado exclusivo” de los acuerdos en las cúpulas de poder, permitiendo un mecanismo que acerque la designación a la voluntad ciudadana directa.
En el ámbito económico, el golpe a la estructura partidista es frontal:
- Recorte del 25%: Se propone reducir una cuarta parte del presupuesto destinado al gasto ordinario de todos los partidos políticos.
- Blindaje financiero: La reforma prohíbe taxativamente el uso de fondos de procedencia ilícita y el financiamiento extranjero, con el fin de evitar la injerencia de grupos delictivos o intereses externos en los procesos electorales.
“Salvaguardar la autenticidad del sufragio”
El documento enviado a San Lázaro justifica estos cambios como una necesidad para proteger la democracia de “injerencias indebidas” y riesgos vinculados a delitos graves. Según el texto, la reforma busca garantizar que el sistema electoral no sea rehén de intereses económicos o criminales, devolviendo la legitimidad a las urnas.
“Se trata de impedir que el poder político sea capturado por intereses ajenos a la voluntad popular”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
El reto legislativo
Al tratarse de una reforma constitucional, el bloque oficialista necesitará asegurar la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos) para que estas modificaciones entren en vigor. El debate en comisiones se perfila como el primer gran campo de batalla política del periodo, con la oposición cuestionando si la reducción de espacios plurinominales debilita la representación de las minorías.
