Contra los Tecnológicos y municipios
Es por la cuenta 2017 por 37 millones de pesos
Por Noemí Valdez
Este viernes, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable, por irregularidades en la Cuenta Pública 2017.
El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dijo que en total presentará 9 denuncias.
Refirió que se trata de presuntos desvíos en el primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por 37 millones 200 mil pesos.
El funcionario, dijo que en estas denuncias se involucran a tecnológicos y entidades del Poder Ejecutivo.
Se conoció que los denunciados serían los institutos tecnológicos de Las Choapas, Pánuco, Perote, Tantoyuca y de Rodríguez Clara, además de algunos ayuntamientos como el de Cuichapa.
Añadió que se presentarán ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, puesto que se trata de Informes de presunta responsabilidad administrativa.
“Son nueve informes de presunta responsabilidad administrativa que así los denomina la Ley General de Responsabilidad Administrativa que se van a presentar, se van a presentar a más tardar a finales de este mes, son nueve denuncias que se presentan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de manera paralela, ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción”, puntualizó.
De acuerdo con el Informe de Seguimiento a la Cuenta Pública 2017 que entregó el Orfis a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, detalló que de 16 entes fiscalizables estatales con presunto daño patrimonial, en 3 se logró solventar, sin embargo en 7 se ha levantado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), que fue enviado a la Dirección de Sustanciación.
En esta etapa, conforme a la Ley de Fiscalización, se les abre una etapa de imputación y se les reciben pruebas, pero todo el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, instancia que habrá de determinar finalmente si se cometió alguna falta.
Tales asuntos, serían los primeros en todo el país que se resolverán por la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y que podrían alcanzar sanciones que van desde la suspensión del empleo, destituciones, sanciones económicas e inhabilitaciones temporales de la función pública, dependiendo la gravedad.
