Ciudad de México— El cadáver de un periodista que fue secuestrado en su casa por hombres armados y uniformados fue hallado ayer en el estado de San Luis Potosí, informaron las autoridades.
Edgar Daniel Esqueda Castro, un fotógrafo independiente, reportó en julio amenazas e intimidación por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos había solicitado a dicha dependencia proteger a Esqueda.
El portavoz de la procuraduría estatal, Iván Ojeda, precisó que el cuerpo del fotógrafo fue encontrado cerca del aeropuerto de la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado homónimo.
El jueves, la PGJ estatal negó que sus agentes hubieran sacado a Esqueda de su casa, aunque dijo que quienes se lo llevaron aseguraron pertenecer a la procuraduría.
“Tenemos varias líneas de investigación en el caso, no descartamos ninguna”, declaró Ojeda.
El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, informó que Esqueda cubría información sobre la delincuencia y la sociedad, y que contribuía a los portales de noticias locales Metrópoli San Luis y Vox Populi.
Reporteros Sin Fronteras, una organización con sede en París que aboga por periodistas, dijo en un comunicado que la esposa de Esqueda dijo que, el jueves por la mañana, unos hombres armados que se identificaron como agentes de la PGJ estatal “tomaron a Edgar por el cuello y lo tiraron al suelo, mientras me apuntaban con un arma”. Esqueda estaba durmiendo cuando los hombres irrumpieron en la casa.
El programa federal de protección a periodistas y trabajadores de derechos humanos recibió en julio una notificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acerca de que Esqueda había sido amenazado por agentes de investigación mientras fotografiaba el lugar donde se cometió un delito.
“Fue abordado por cinco policías ministeriales, quienes lo amenazaron con quitarle la cámara, además de golpearlo, si continuaba tomando fotografías, obligándolo a borrar el material y correrlo del lugar”, escribió la comisión.
Una semana después, Esqueda fue confrontado de nuevo por detectives cuando estaba cubriendo otro evento. Le pidieron su identificación y le dijeron que lo estarían vigilando a él y su casa. Ellos dijeron que posiblemente él estaba pasando información a criminales a través de su trabajo.
El programa federal de protección dijo en un comunicado que había llamado a Esqueda, quien confirmó esos relatos. Le dijo al programa que no hubo más amenazas ni enfrentamientos, pero que presentó una denuncia penal.
El programa federal dijo que la oficina estatal de derechos humanos informó que había entregado el caso a la policía de la procuraduría estatal y que el 24 de julio su comandante había acordado hacerse cargo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no contestó una llamada que se le hizo en busca de comentarios.
Después de su secuestro, el programa federal ofreció protección a la esposa de Esqueda. Esqueda no se había inscrito en el programa federal de protección. El programa federal dijo que lamentaba la muerte de Esqueda y pidió a las autoridades que investiguen el asesinato y que encuentren inmediatamente a los responsables.
Al menos nueve periodistas han sido asesinados en lo que va de este año en México.
El caso más prominente fue el de Javier Valdez, cofundador de la revista RioDoce y autor de varios libros sobre la relación entre el narcotráfico y la sociedad, y quien fue asesinado en mayo a unas cuadras de su oficina en Culiacán, Sinaloa.
Tras su muerte, el presidente Enrique Peña Nieto prometió más recursos para proteger a periodistas e hizo un llamado a los gobernadores del país para enfatizar que era necesario hacer más al respecto.
