El Ejecutivo estatal expuso que con esta reforma a la Ley de Pensiones del Estado se ha dado un paso histórico, logrando viabilidad financiera para el IPE, donde por décadas se había acumulado un déficit que ponía en riesgo a este organismo, que responde por la seguridad social de 96 mil 920 trabajadores en servicio activo y 25 mil 845 pensionados y jubilados, lo cual hace una población de 122 mil 765 derechohabientes; al día de hoy, existen más de 13 mil 500 empleados que cubren los requisitos para jubilarse.

“Con la nueva Ley aprobada el pasado viernes por el Congreso del Estado, Veracruz cuenta con un marco legal acorde con los tiempos, una nueva normatividad que generará las condiciones para asegurar la permanencia, solvencia y operación eficaz del IPE”.

En su encuentro con representantes de los medios de comunicación en Sala de Banderas, expuso que esta legislación garantiza el pago de pensiones de todos los trabajadores al servicio del Estado, y constituye al gobierno como obligado solidario, lo que significa que la administración estatal aportará los recursos necesarios para respaldar el pago de pensiones y prestaciones, pues es un compromiso ineludible.

Se incrementarán las aportaciones patronales que corresponden al gobierno estatal, para llegar a un 20 por ciento en los próximos años; además, con la nueva normatividad no aumentan, en lo inmediato, las aportaciones de los trabajadores, no habrá pensiones mayores al equivalente a 26 salarios mínimos.

La pensión por jubilación anticipada se reduce de 65 a 60 años; se disminuye de 15 a 3 años de servicio el requisito mínimo para otorgar pensiones por invalidez y muerte, protegiendo así a los trabajadores y sus familias.

Asimismo, aumentarán los montos cada año en el mismo porcentaje en que se incrementen los sueldos de los trabajadores en activo. La nueva ley no aplica en sentido retroactivo, únicamente en lo que se refiere a los beneficios que se obtendrán.

“La nueva Ley del IPE no trastoca ni menoscaba uno sólo de los derechos adquiridos por los trabajadores pensionados y jubilados, que nadie los confunda ni los engañe, que nadie se aproveche de su buena fe con intenciones de carácter político”, afirmó.

“El Gobierno del Veracruz reconoce en sus trabajadores a su mayor activo y su principal fortaleza; valora, admira y salvaguarda el derecho de aquellos que dedicaron buena parte de su vida al servicio público, y la nueva ley del IPE es el refrendo y el apoyo incondicional de mi administración hacia los trabajadores”.

Una de las tareas básicas de todo gobierno, precisó, es trabajar en favor de las mayorías, dar resultados y tomar las decisiones necesarias para garantizar la viabilidad de las instituciones, y que éstas puedan seguir cumpliendo con sus encomiendas en beneficio de los ciudadanos, “una responsabilidad que en Veracruz se cumple a diario”.

Refirió que la Iniciativa para renovar la Ley de Pensiones fue producto de meses de trabajo y de análisis de fondo con especialistas en la materia, así como de un diálogo amplio y respetuoso con representantes sindicales e integrantes del consejo directivo del IPE, cuyas opiniones fueron tomadas en cuenta.

De igual manera, reconoció el compromiso social de la LXIII Legislatura del Estado para atender una de las preocupaciones más sensibles de la clase trabajadora, garantizar la solvencia y efectividad del Sistema Estatal de Pensiones para dar certidumbre a todos, pues a los diputados correspondió analizar, discutir y aprobar esta Reforma.

“Opiniones diversas, intensas por momentos, pero todas convergentes en un mismo objetivo: lograr la viabilidad financiera y operativa del organismo, sin menoscabo alguno de los derechos de la clase trabajadora. La certidumbre de los empleados es un compromiso ineludible de mi gobierno y una justa exigencia de los servidores públicos. De eso se trata la nueva ley, y cumplimos este justo anhelo”.

Duarte de Ochoa dijo que la Reforma fue una decisión responsable, que garantiza a los trabajadores una pensión digna y derecho pleno a la seguridad social, lo que significa certeza para quienes laboran en la administración pública, logrando la viabilidad financiera y operativa del organismo.

“En Veracruz era indispensable implementar acciones, asumir decisiones, respetando y privilegiando por encima de todo los derechos laborales de los trabajadores en activo y de los pensionados y jubilados. Esta reforma no podía esperar más, no podíamos prorrogar la difícil circunstancia del Sistema Estatal de Pensiones en aras populistas o para evitar polémicas, ello hubiese sido una irresponsabilidad y habría implicado sacrificar y poner en peligro el futuro de miles y miles de trabajadores veracruzanos.”