Congreso veracruzano aprueba cuenta publica del 2011

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7fc29dbb37aec21ecfcd7b475643f3b7_int47039 municipios salieron con quebranto patrimonial por el orden de 253 millones de pesos

Veracruz de Ignacio de la Llave • Con 34 votos a favor y 14 abstenciones, el Congreso del estado aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2011, en la cual 39 municipios resultaron con quebranto financiero por un total de 253 millones de pesos.

Los diputados aprobaron la Cuenta Pública de los municipios veracruzanos en los que el ayuntamiento panista y Pueblo Mágico, Xico, resultó con un presunto daño patrimonial por 104 millones de pesos, seguido por el municipio priista Fortín de las Flores, con 40 millones de pesos y cuyo alcalde abandonó el cargo con el argumento de problemas de salud.

Las comunas priistas concentran más de 50 por ciento del quebranto financiero que se imputa a los 39 municipios, entre los que se encuentran además José Azueta, Nogales, Alvarado y Jamapa.

Sin debate, los legisladores aprobaron el resultado de la Cuenta Pública que corresponde al primer año de las actuales administraciones municipales.

El diputado Américo Zúñiga afirmó que enviarán las notificaciones a todos y cada uno de los funcionarios que presentaron faltantes, para que respondan por las observaciones que se han hecho ante la Contraloría Interna de los diferentes organismos fiscalizables y que no los exime de responsabilidad por más que devuelvan los faltantes.

En la lista de municipios con posibles malos manejos se encuentran también Alto Lucero, Altotonga, Ayahualulco, Castillo de Teayo, Chiconamel, Chicontepec, Chontla, Coyutla, Cuitláhuac , Espinal, Hueyapan de Ocampo, entre otros.

En cuanto a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, el dictamen refiere que en 35 dependencias y entidades y 27 fideicomisos no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial ni de carácter administrativo.

En tanto que en 64 dependencias y entidades y 5 fideicomisos no se detectaron irregularidades que hagan presumir un daño patrimonial, pero si inconsistencias de carácter administrativo que no implican daño patrimonial y, por tanto, adquieren la condición de recomendaciones de naturaleza administrativa.

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