Dictan sentencias de 45 años de prisión a secuestradores

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Xalapa, Ver.-

Tres jueces del fuero común determinaron dictar dos sentencias condenatorias y dos negativas de amparo, en contra de tres presuntos secuestradores detenidos por agentes de la Policía Ministerial en Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Córdoba.

A Carlos Daniel Torre Blanca y Albano Cruz Zamora, el Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Cosamaloapan les dictaron sentencia condenatoria de 45 años de prisión, multa de dos mil 500 días de salario mínimo y la reparación del daño.

Los sentenciados son sujetos por los efectos de la Causa Penal 315/2015, al ser encontrados culpables de la comisión del delito de secuestro el 29 de agosto de 2014, en agravio de una profesora oriunda de la ciudad de Veracruz, a quien privaron ilegalmente de su libertad y posteriormente solicitaron dinero a sus familiares a cambio de su libertad. En su momento, la víctima fue rescatada sana y salva por agentes adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Por otra parte, el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla negó la solicitud de Juicio de Amparo 782/2015, promovido contra el Auto de Formal Prisión emitido a Jorge Antonio Sebastián Salazar García Domínguez, quien es señalado como presunto responsable del delito de secuestro cometido en agravio de un menor de edad, según hechos que constan en la Causa Penal 114/2015.

A su vez, el Juez Tercero de Cuarta Instancia del Distrito Judicial de Córdoba negó la solicitud de amparo promovido mediante el Juicio 1355/2014, por el procesado Marco Antonio Martínez Sánchez, a quien se le instruye la Causa Penal 8/2015, en contra del Auto de Formal Prisión.

Se le imputa la comisión del delito de secuestro el pasado 10 de noviembre de 2011, en contra de una persona que fue rescatada con vida por agentes de la UECS, en el momento en que era trasladado contra su voluntad a bordo de un vehículo automotor.

Los procesados continuarán enfrentando los procesos penales que se instruyen en su contra, internados en el reclusorio regional correspondiente.

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