A pesar de las amenazas verbales en contra de los jóvenes estudiantes, su abogado consideró que una demanda penal tendría repercusiones para su seguridad, y por tanto, valora la pertinencia de recurrir a acciones legales.
Por Lourdes Chávez
Ciudad de México.- En la última semana, al menos tres integrantes de la actual y de la anterior dirigencia estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa recibieron amenazas telefónicas para que no protesten, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre la discusión de la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa que se realizó este sábado en Tixtla, informó que los alumnos recibieron amenazas verbales de que un grupo armado va a matar estudiantes si vuelven a tomar casetas de cobro o si retienen camionetas oficiales, acción recurrente en los periodos de movilización intensa.
El abogado indicó que valoran las repercusiones de una denuncia para evitar riesgos para los normalistas que denuncien, ya que los padres de los 43 están convocando a una segunda jornada de movilizaciones del 12 de mayo al 26 de septiembre, por la verdad y la justicia dentro de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
Aseguró que por sí mismo el Gobierno federal no va a seguir las líneas de investigación que trazó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y prueba de ello son los obstáculos que PGR puso a los enviados internacionales en sus últimos cuatro meses de gestión, cuando intentaron profundizar en el tema de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco en la detención de 14 de los 43 normalistas desaparecidos, en los retenes de seguridad que se colocaron esa noche en Mezcala y en los registros de la telefonía celular de los desaparecidos y los agentes del Estado que estuvieron en servicio.
Recordó que los estudiantes que sobrevivieron a los crímenes de Iguala también son beneficiarios de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las víctimas de Iguala, sin embargo, a la fecha los nombres de los normalistas no se han señalado puntualmente, salvo el de los familiares de los fallecidos, de los desaparecidos y los heridos.
Consideró que una demanda penal tendría repercusiones en la seguridad de los estudiantes, y en ese sentido se valora la pertinencia de recurrir a acciones legales.
Del nuevo plan de acción aprobado el sábado y que se pondrá en marcha a partir del próximo jueves, indicó que tiene como objetivos inmediatos –para mayo y junio–, la salida del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y la concreción del mecanismo de seguimiento especial en la investigación.
Después de junio, el cumplimiento de la recomendaciones del GIEI, y la exigencia de verdad y la justicia dentro de la investigación.
Consideró fundamental estas dos condiciones para apuntalar el caso, porque no confió en que el Gobierno federal, “por sí mismo siga las líneas que trazó el GIEI”. Entre los asuntos pendientes de investigar señaló el quinto autobús, que se estima pudo estar cargado de droga y que desató la acción cruenta y articulada hacia estudiantes; la desaparición de la videograbación de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los registros de la telefonía celular, y la intervención de autoridades municipales de Huitzuco y la posible intervención del Ayuntamiento de Eduardo Neri, al que pertenece Mezcala.
Advirtió que si todo se deja ahora en manos de las autoridades, en diciembre, una vez que se olvide el problema, pueden decretar el cierre del caso.
“No tiene (el gobierno federal), ni la más mínima voluntad de continuar la investigación, la búsqueda de los estudiantes, porque desde nuestro punto de vista, no tenemos los elementos para afirmarlo, pero es fundadamente sospechoso que no se quiere ahondar en el quinto camión, no se quiere profundizar en el Ejército, ¿por qué insisten en el basurero de Cocula cuando quedó demostrado que su tesis no da para más?”.
Ratificó que la única manera de tener avances significativos, sin dejar cabos sueltos, es el escrutinio internacional, este es el mecanismo que ofreció la CIDH.
De la jornada de lucha anterior, que tenía como objetivo la permanencia del GIEI, las caravanas al norte y sur del país, el encuentro nacional por la indignación que se celebró el 5 y 6 de febrero en la ciudad de México, y concluyó el primero de mayo con la marcha de sindicatos nacionales independientes, indicó que tiene lados positivos.
Dijo que ante la salida del GIEI queda un elemento intermedio, el mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares que otorgó la CIDH, que debe monitorear y seguir la investigación.
Por otro lado, destacó la marcha conjunta de sindicatos, referentes nacionales, donde los padres de los 43 representaron un factor de unión. Indicó que hace ya varios años, no se unían en esta celebración.
Con ideologías políticas diferentes, coinciden en la lucha de los padres de familia, que continuarán trabajando por la unidad, la confluencia y la acumulación de fuerzas. En este sentido, el sábado se acordó rotar la sede de la ANP a otros estados de la República para dar un carácter distinto al movimiento. Señaló que muchos representantes no van a Guerrero a cada sesión porque no tienen recursos.
Van a procurar el fortalecimiento de los órganos que se crearon en torno a la ANP, La Convención Nacional y el Encuentro Nacional por la Indignación.
Aclaró que el movimiento no renuncia a otros mecanismos internacionales, como los de Naciones Unidas mediante equipo de desaparición forzada, los relatores de desaparición o libertad de expresión, y la opinión de otros países, “esperamos que los gobiernos de otros países sean sensibles a la realidad que vive México”.
