Gobierno de Veracruz debe investigar construcción de Ciudades Judiciales: AMLO

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Gobiernos pasados comprometían el presupuesto con empresas, “era la práctica”.

Empresarios ligados a la familia Yunes fueron quienes ganaron los contratos de obra.

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se deben investigar los contratos para construir y operar las Ciudades Judiciales de Veracruz que impulsó el ex magistrado presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.

El Ejecutivo federal consideró que gobiernos anteriores se caracterizaban por comprometer el presupuesto con la iniciativa privada.

“Tampoco me extraña mucho, porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer Ciudades Judiciales a empresas, comprometer el presupuesto, era la práctica”, aseveró.

Actualmente, cabe recordar, el Poder Judicial del Estado enfrenta una crisis financiera por la falta de 500 millones de pesos para poder concluir el año 2021.

López Obrador afirmó que se deben de fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz y revisar quién autorizó las asociaciones público-privadas.

Cabe señalar que en la LXIV Legislatura de Veracruz se autorizó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, entonces presidido por Edel Álvarez Peña, la construcción de 17 ciudades judiciales mediante las APP’s.

Desde entonces en distintas observaciones el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que, si bien se avaló la construcción de 17 ciudades judiciales, el Poder Judicial autorizó 21 proyectos en total y en su Cuenta Pública de 2019 el órgano detectó anomalías por $85 millones de pesos en el gasto del fideicomiso maestro de los proyectos.

El Presidente añadió que no tenía más información a detalle sobre las Ciudades Judiciales, advirtiendo que en Gobiernos anteriores se aprobaron contratos leoninos con la iniciativa privada.

El pasado 27 de julio la actual magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, solicitó al Congreso local su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales.