Gobierno firma convenio con la ONU para recibir asesoría en caso Ayotzinapa

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La secretaría de Gobernación aseguró que la prioridad del gobierno federal es la de esclarecer las más de 40 mil desapariciones en el país.

Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Segob y la SRE firmaron un convenio con la representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet para recibir asesoría técnica por caso Ayotzinapa.

A su vez, subrayó que se trata de una oportunidad para potenciar los cambios de fondo en el sistema judicial, que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus garantías y saldar una deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia.

Cuando un acto de desaparición forzada de un ser querido perduran y se prolonga, amplifica el sufrimiento hasta que sea resuelto su paradero y se haga justicia.

Además, afecta toda la sociedad y también —yo diría— socava la democracia, conminó a que nadie debe ser sometido a ese calvario.

La Oficina que preside la ex mandataria chilena confió en la implementación de las recomendaciones de organismos en la materia, incluyendo las del Informe de Oficina llamado Doble Injusticia.

Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos, expresó Bachelet, al referir que es el mismo estándar que debe regir el caso Ayotzinapa.

La ex presidenta de Chile señaló que el caso Ayotzinapa es paradigmático al mostrar la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el sistema para atender los derechos humanos.

La representante de la ONU enfatizó: el objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de otros crímenes perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero.

Felicitó al nuevo gobierno por la apertura y compromiso de colaborar en el esclarecimiento del caso, con organismos de derechos humanos, en particular la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la disposición mostrada por las instituciones que integran la comisión presidencial para alcanzar el objetivo.

En esta nueva etapa de las investigaciones del caso Ayotzinapa, Bachelet reiteró que su Oficina, a través de su representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los progresos y los avances necesarios, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias, así como alertar de cualquier incumplimiento.

De manera especial, Michelle Bachelet expresó a algunos familiares de las víctimas que su Oficina se solidariza con su lucha y exigencia, y refrendó su afectuoso reconocimiento a su dignidad, su valentía y su entereza, y valoró la voluntad del gobierno mexicano para que se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición: solo de esta manera podremos decir: ¡nunca más, nunca más.

El Gobierno de México confía en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y apuesta por el multilateralismo como un mecanismo de apoyo a la propia política nacional y a los principios de cooperación entre los pueblos como una vía idónea para fortalecer las capacidades de los Estados y sus instituciones, y así garantizar el respeto universal de los derechos humanos.

Con la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se hace patente la alta prioridad que mantiene México en su Oficina, con lo cual estamos muy agradecidos, expresó la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta.

Hoy empezamos el camino, no estamos terminando nada, estamos empezando, indicó sobre este segundo convenio firmado, luego de uno pactado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la prioridad del gobierno federal es la de esclarecer las más de 40 mil desapariciones en el país, en particular los estudiantes de Ayotzinapa.

Al asistir como testigo de honor a la firma del Acuerdo de Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, dijo que este documento fue firmado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, saludó la voluntad del gobierno de México de solicitar el apoyo de instancias internacionales y advirtió que alertarán sobre cualquier incumplimiento.

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