Un juez federal
ordenó archivar la investigación en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar,
exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), por un desvío de 82
millones de pesos en el caso de la “Estafa Maestra” al concluir que
el delito imputado está prescrito.
Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo de Ciudad de
México, revocó el fallo del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, quien odenó reabrir la carpeta de investigación
FED/FECC/FECC-CDMX/0007/2019.
Esta investigación fue iniciada contra Lozada y otros tres exfuncionarios por
el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de una denuncia
de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con los antecedentes, el 2 de julio de 2019 la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dictó el no ejercicio de la
acción penal, al estimar que no halló elementos que acreditaran al menos en
forma indiciaria el ilícito.
Sin embargo, la SFP recurrió a la impugnación ante el juez Delgadillo Padierna,
quien revocó el “carpetazo” e instruyó la reapertura de la
indagatoria. Es contra ese fallo que Lozada presentó el amparo que ahora ganó
en primera instancia.
Este fallo aún no es definitivo, porque la Fiscalía General de la República
puede presentar un recurso de revisión que eventualmente deberá resolver un
tribunal colegiado penal de la CDMX.
Por este asunto, Lozada fue denunciado junto con Pedro Javier Muñoz Vergara,
rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), y Tobías Francisco
Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso, representantes de la misma.
A los ex funcionarios les atribuyeron un presunto desvío de 82 millones 863 mil
pesos en un convenio entre Pemex PEP y la UPCH por servicios de asistencia en
perforación y producción de pozos petroleros.
La indagatoria se refiere a uno de los casos de la llamada “Estafa
Maestra” y en ella se acusó a Lozada de no haber verificado que el
personal de la Universidad contara con la experiencia, infraestructura y
recursos para desarrollar los servicios requeridos por Pemex PEP.
El 4 de diciembre de 2019 la SFP suspendió a Lozada por un periodo de 10 años
para desempeñar cualquier cargo público; sin embargo, promovió un juicio de
nulidad y logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendiera
temporalmente la sanción administrativa.
